En plena amenaza de sequía y tras unas lluvias históricas que podrían haber aliviado durante años el abastecimiento de agua en España, el Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado que sólo llevará adelante 29 de las más de 100 presas previstas en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado por el Gobierno de José María Aznar en 2001. El resto han sido eliminadas de los planes del Estado. Agua que no se embalsa, agua que se pierde.
Las consecuencias de esta decisión no son teóricas: durante el mes de marzo llovió tres veces más de lo normal, y los embalses aumentaron en apenas tres semanas un 22,7%, alcanzando los 39.895 hectómetros cúbicos. Según datos oficiales, se han acumulado lluvias equivalentes al consumo urbano de año y medio. Sin embargo, una parte muy importante de ese caudal ha terminado en el mar. ¿El motivo? España no cuenta con las infraestructuras necesarias para retener toda esa agua, porque no se han construido.
El Plan Hidrológico Nacional impulsado en 2001 contemplaba 863 infraestructuras hídricas, incluyendo más de 100 nuevas presas y embalses estratégicamente distribuidos por toda la geografía española. Era una apuesta a largo plazo para garantizar el agua en un país con ciclos climáticos extremos. Sin embargo, con la llegada del PSOE al poder, el plan fue desmantelado con la excusa del «impacto ambiental» y las «alternativas sostenibles«.
El golpe final lo ha dado el decreto 35/2023, por el que el Ministerio para la Transición Ecológica ha revisado y recortado los planes hidrológicos de todas las cuencas hidrográficas, eliminando de facto más del 70% de las presas inicialmente previstas. Es decir: España se ha quedado con apenas 29 de las 100 presas que habrían podido evitar el despilfarro hídrico de este mes de marzo.
Con las infraestructuras previstas en el PHN original, España habría podido almacenar en marzo hasta 6.000 hectómetros cúbicos más, el equivalente al consumo anual de agua de toda la población. En lugar de eso, el país ha dejado escapar esa reserva porque las obras jamás se ejecutaron. La proyección más conservadora estima que, con lo que queda del plan tras la revisión de Transición Ecológica, sólo se habrían podido retener 3.300 hectómetros cúbicos adicionales.
El argumento oficial es la falta de financiación y el alto coste económico. Pero lo que se oculta es que el Gobierno ha preferido anteponer el dogma ecologista al sentido común. Porque mientras se despilfarran miles de millones en chiringuitos climáticos y agendas ideológicas, no hay recursos para garantizar el agua a la población.
El trasvase del Ebro, que habría asegurado agua para Barcelona, Valencia, Murcia y Andalucía, sigue enterrado por razones políticas.
