Un total de 53 vuelos trasladaron a 10.518 inmigrantes ilegales desde las Islas Canarias al aeropuerto de Madrid-Barajas entre el 2 de enero y el 28 de marzo, según datos exclusivos facilitados a LA GACETA por fuentes de AENA. Este operativo, impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha convertido en un símbolo de la gestión opaca de la crisis migratoria, con contratos que no son públicos y un coste económico que recae sobre los contribuyentes, mientras el efecto llamada se intensifica de manera alarmante.
Los traslados han variado mes a mes, reflejando la fluctuación de llegadas a las costas canarias. En enero, se registraron 30 vuelos que trasladaron a 6.083 inmigrantes, coincidiendo con la llegada de 4.752 al archipiélago.
En febrero, el número de vuelos descendió a 14, con 2.796 inmigrantes trasladados, tras la llegada de 2.386 personas a las islas. Para marzo, los vuelos se redujeron a 9, trasladando a 1.639 inmigrantes, mientras que 2.286 arribaron a Canarias. Estas cifras evidencian una relación directa entre las llegadas y los traslados, pero también la incapacidad del Ejecutivo para abordar el problema de fondo, optando por una solución que no resuelve nada y agrava la saturación de las islas.
La situación, lejos de mejorar, está destinada a empeorar. Informes internos de la Guardia Civil, consultados por LA GACETA, pronostican un notable aumento de la inmigración ilegal en Canarias en los próximos meses, impulsado por condiciones climatológicas más favorables para la navegación. Esto inevitablemente incrementará el número de estos vuelos opacos, perpetuando un sistema que envía un mensaje claro: llegar a España de forma ilegal garantiza un billete a la península. El efecto llamada, que ya es innegable, se intensificará, según fuentes policiales.
En este operativo, las aerolíneas privadas han jugado un papel protagonista, beneficiándose de contratos millonarios cuya transparencia brilla por su ausencia. Privilege Style lidera con más de una veintena de vuelos chárter operados para el Gobierno, consolidándose como el principal operador de estas rutas. Le siguen AlbaStar, con casi una decena de vuelos, Air Europa, con 9, e Iberojet, con 7. También aparece Smartwings, con 2 vuelos identificados bajo el código TVS. Sin embargo, no todo son beneficios para estas compañías. Fuentes de AENA confirman a este medio que trabajadores de Air Europa, que en 2024 tuvo un papel más relevante, han emitido numerosas quejas sobre la complejidad de estos traslados, lo que podría haber influido en la reducción de contratos para la aerolínea este año.
Una decena de ONG implicadas
La recepción de los inmigrantes en Madrid-Barajas involucra a una red de 10 organizaciones humanitarias que operan de forma conjunta en varios vuelos, llegando a participar hasta 4 o 5 ONG en un mismo traslado. Cruz Roja, con 35 vuelos, y Accem, con 26, lideran esta operativa, pero también participan APIP-ACAM (6 vuelos), Cepaim (5), MPDL —Movimiento por la Paz— (5), Rescate (4), San Juan de Dios (2), Engloba (2), Betania —bajo el nombre de Nuevos Hogares Betania— (2) y Andalucía Acoge (1). Este sistema de colaboración permite que cada organización se lleve a los inmigrantes que le han sido adjudicados, quienes son luego repartidos por toda la península en centros de acogida, acuartelamientos destinados a este fin e incluso hoteles de categoría superior que se prestan a formar parte de este entramado.
La opacidad de estas operaciones es el denominador común. Los contratos entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las aerolíneas y las ONG no son públicos, lo que alimenta las sospechas de un sistema diseñado para beneficiar a los operadores privados y a las organizaciones humanitarias más que para resolver la crisis migratoria. Mientras tanto, las Islas Canarias siguen al borde del colapso y los ciudadanos soportan el coste de una política que no ofrece soluciones reales. Con 53 vuelos y 10.518 inmigrantes ilegales trasladadas en menos de tres meses, este operativo demuestra ser un sinsentido económico y social que lejos de frenar la inmigración ilegal, la incentiva, condenando a Canarias a una crisis sin fin.
