La aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, autorizada la pasada semana por el Gobierno vasco, puede convertirse en un precedente para medio centenar de etarras que aún cumplen condena en cárceles del País Vasco y Navarra. Así lo advierten las asociaciones de víctimas, que denuncian la consolidación de una fórmula excepcional que, en la práctica, permite acceder a la semilibertad sin reunir los requisitos del tercer grado.
Txeroki, condenado por la Audiencia Nacional a más de 377 años de prisión, puede salir de lunes a viernes de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, para trabajar o realizar actividades de voluntariado. Debe regresar a dormir y permanecer en el centro durante el fin de semana. La medida fue propuesta por el propio centro penitenciario y validada por la Consejería de Justicia y Derechos Humanos que dirige la socialista María Jesús San José López.
El problema, subrayan las víctimas, no reside sólo en el caso concreto del que fuera uno de los jefes más sanguinarios de la banda, sino en el efecto llamada que puede generar. El artículo 100.2, concebido como mecanismo flexible para situaciones muy específicas, se convierte así en una vía intermedia entre el segundo y el tercer grado que podría extenderse a decenas de internos.
Los datos oficiales reflejan la dimensión del fenómeno. Desde que el Ejecutivo autonómico asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, 35 reclusos han accedido a beneficios mediante esta fórmula, de los cuales 30 pertenecen a ETA, según cifras publicadas por The Objective. En la actualidad, 18 etarras disfrutan de este régimen de semilibertad, mientras que otros 12 que lo obtuvieron en estos años ya han cumplido condena o progresado al tercer grado.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alerta de que 58 etarras permanecen en prisión sin beneficios y que otros 66 cuentan ya con algún tipo de concesión penitenciaria. De estos últimos, 54 se encuentran en tercer grado y 12 en semilibertad gracias al artículo 100.2. A juicio de la asociación, la denominada «vía Txeroki» podría servir de referencia para que cerca de medio centenar de internos reclamen el mismo tratamiento.
La polémica se agrava por una circunstancia clave: la concesión del 100.2 no exige la comunicación a las víctimas, lo que impide que puedan recurrir la decisión. Las asociaciones denuncian que esta herramienta se aplica «con nocturnidad y alevosía» y la califican como una «amnistía encubierta».
La presidenta de la AVT, Maite Araluce, recuerda que el precepto nació para supuestos excepcionales, como tratamientos médicos que no pueden desarrollarse en prisión. «Estamos comprobando cómo a los miembros de ETA se les está concediendo salir a trabajar o hacer voluntariado, lo cual no es ninguna razón excepcional. Esa fórmula, a diferencia del tercer grado, no tiene que comunicarse a las víctimas, por lo que no podemos recurrirla de ninguna manera. Se está dando con nocturnidad y alevosía«, denuncia.
