«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
su licenciamiento definitivo no está previsto hasta 2034

El Gobierno vasco concede la semilibertad al etarra Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez

El etarra Juan Ramón Carasatorre.

El Gobierno vasco ha autorizado el régimen de semilibertad a Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995, mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La medida, en vigor desde el pasado 2 de enero, permitirá al etarra abandonar la prisión de lunes a viernes, con obligación de regresar cada día a dormir al centro penitenciario. Carasatorre cumple condena en la cárcel de Zaballa, en Álava, y su licenciamiento definitivo no está previsto hasta 2034.

El mismo precepto fue aplicado a comienzos de este mes al jefe de ETA Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki. El artículo 100.2 establece una fórmula intermedia entre el segundo y el tercer grado y abre la puerta a salidas regulares de prisión para facilitar, según la normativa, una progresiva incorporación a la vida en libertad.

Carasatorre, alias «Jon» y «Zapata», fue sentenciado a 30 años de prisión por el asesinato de Gregorio Ordóñez, cometido junto a Javier García Gaztelu, «Txapote«, y Valentín Lasarte. También fue condenado por su participación en los asesinatos del brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y del inspector del Cuerpo Nacional de Policía Enrique Nieto.

La concesión del 100.2 exige que el interno presente un plan de ejecución en el que detalle la actividad que desarrollará fuera de la cárcel, ya sea un empleo o tareas de voluntariado. La autorización depende del Gobierno vasco, que asumió la gestión de las prisiones del País Vasco en octubre de 2021, y requiere el visto bueno de la junta de tratamiento del centro penitenciario.

La decisión ha provocado el rechazo de colectivos de víctimas del terrorismo. Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) se ha denunciado que este tipo de medidas suponen «terceros grados fraudulentos» que vacían de contenido el requisito de arrepentimiento exigido a los condenados por terrorismo para acceder a beneficios penitenciarios. La asociación ha llegado a calificar estas decisiones como una «amnistía encubierta«.

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