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PROCEDENTES SOBRE TODO DE AMÉRICA

El Gobierno ya ha concedido la nacionalidad española a más de 12.800 personas por la nueva ley de memoria histórica

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Europa Press

Más de 12.800 personas han recibido la nacionalidad española en los tres primeros meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática tras cursar las preceptivas solicitudes en los consulados repartidos por todo el mundo, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estos son los primeros datos que facilita el departamento que encabeza José Manuel Albares desde que entró en vigor el pasado 19 de octubre la citada ley, que recoge varios supuestos por los que descendientes de españoles pueden solicitar la nacionalidad durante los próximos dos años.

Según consta en el Balance de Actividad Consular 2022 que Albares ha llevado este martes al Consejo de Ministros, hasta el 31 de enero se presentaron 24.729 solicitudes de nacionalidad española en las 179 oficinas consulares de que dispone España en todo el mundo. De este total, la mitad, 12.862, se han aprobado ya mientras que 6.653 ya han quedado inscritas en el Registro Civil.

En virtud de la nueva ley, podrán optar a la nacionalidad española en primer lugar «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas e ideológicas, o hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Asimismo, también podrán solicitar la nacionalidad «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978», así como «los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática o en la llamada Ley de Memoria Histórica» de 2007.

La ley ha generado una gran expectación en los países donde hay una mayor presencia de descendientes de españoles, en particular en América, lo que ha desbordado en algunos casos la capacidad de los consulados para gestionar la demanda.

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