La Fundación Francisco Franco podría ser sólo la primera de una lista de organizaciones que el Gobierno pretende clausurar en virtud de la Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu. El Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun, ha admitido que no descarta abrir procedimientos similares contra otras entidades, como la Fundación Ramón Serrano Suñer, una vez culmine el proceso judicial para la extinción de la Fundación Francisco Franco.
El pasado marzo, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno para conocer qué medidas contemplaba el Ejecutivo para declarar ilegal la Fundación privada Don Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores durante el régimen entre octubre de 1940 y septiembre de 1942. Sumar cuestionaba además si esta fundación podría haber servido para reducir la carga fiscal de la familia Serrano-Polo gracias a lo que calificaban como un “patrimonio familiar de origen cuestionable”. La Fundación Ramón Serrano Suñer fue creada en 1995 y registrada oficialmente en 1997 con el objetivo de conservar, custodiar y difundir los bienes y la biblioteca personal de su fundador.
En su respuesta oficial, Cultura señala que “no descarta abordar procedimientos similares con otras fundaciones una vez haya concluido el proceso judicial del que está actualmente en tramitación”, en referencia al procedimiento contra la Fundación Francisco Franco.
El pasado junio, el Gobierno concluyó un informe para solicitar judicialmente la extinción de la Fundación Francisco Franco por supuesta apología del franquismo, menosprecio a las víctimas e incitación al odio. La petición se enmarca en la Ley de Memoria Democrática y lleva tramitándose desde hace un año. El procedimiento depende del Ministerio de Cultura, responsable del protectorado estatal de fundaciones, y del informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que debe justificar la petición de extinción. Ambos informes están actualmente “en estudio”, según admite el propio Ejecutivo en respuesta parlamentaria.
En cualquier caso, la decisión final corresponde a los tribunales. Cultura será quien eleve la solicitud de extinción, pero necesita previamente un informe favorable de la Abogacía General del Estado. Según el ministro Ángel Víctor Torres, la previsión del Gobierno es presentar la solicitud este mismo año. Por su parte, la Fundación Francisco Franco ya anticipó hace un año una “dura lucha en los tribunales” y calificó la intención del Gobierno de cerrar la entidad como contraria a la Constitución.
El pasado 19 de junio, el Congreso aprobó definitivamente la ley para disolver asociaciones que hagan apología del franquismo. La norma fue aprobada en su versión original propuesta por el PSOE tras rechazar las enmiendas del Senado —planteadas por PP, VOX y UPN— que proponían una reforma del Código Penal para ilegalizar asociaciones cercanas a ETA.
La ley reforma la normativa orgánica del derecho de asociación para incluir la apología del franquismo como causa de disolución, adaptando así esta ley a los preceptos de la memoria democrática. Según el PSOE, el objetivo es cerrar la vía para que la Fundación Francisco Franco pudiera reconvertirse en una simple asociación mientras se tramita su extinción como fundación.
