El reciente anuncio de la naviera danesa Maersk de sustituir el puerto de Algeciras por el de Tánger Med en su servicio MECL, que conecta Oriente Medio e India con Estados Unidos, marca un punto de inflexión en el tráfico marítimo internacional y pone de manifiesto las consecuencias del nuevo régimen europeo de derechos de emisión de CO2. Este movimiento refleja cómo las políticas climáticas de la Unión Europea (UE) siguen perjudicando los Estados miembros; en este caso a los puertos del continente, lo que minará la economía de países como España.
Maersk, uno de los gigantes del transporte marítimo, ha diseñado una nueva rotación para su servicio MECL que evita por completo los puertos europeos, a pesar de atravesar el Mediterráneo. En lugar de Algeciras, que hasta ahora era un punto clave en esta ruta, la naviera realizará escalas en Tánger Med (Marruecos), un puerto en crecimiento que ofrece ventajas económicas y regulatorias significativas. Según Maersk, la nueva configuración mejorará los tiempos de tránsito hacia la costa este de Estados Unidos en un promedio de cinco días, pero detrás de esta decisión subyace la intención de evitar el pago del impuesto sobre emisiones de CO2 impuesto por la UE.
La decisión de Maersk supone un golpe directo para el puerto de Algeciras, uno de los principales nodos de transbordo en el Mediterráneo. La pérdida de tráfico marítimo no sólo afecta al empleo directo en las instalaciones portuarias, sino también a toda la cadena de suministro y actividades conexas en la región, como la logística y el transporte terrestre. En términos económicos, este desvío puede traducirse en millones de euros en pérdidas anuales para Algeciras y otros puertos españoles que pueden enfrentar decisiones similares de otras navieras.
Además, la reducción de la actividad en los puertos debilita la competitividad de España como hub logístico en el Mediterráneo, y da ventaja a competidores de fuera de la UE, como Marruecos, que, como también sucede en otros sectores como el del campo, aprovechan las rígidas normativas europeas para atraer negocio.
El régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), diseñado para reducir las emisiones de CO2, resulta contraproducente para la economía europea. Como ya ocurre con otras normativas «verdes» del bloque comunitario que buscan incentivar prácticas «sostenibles», su aplicación unilateral está empujando a las empresas a deslocalizar sus actividades hacia regiones menos reguladas, como el norte de África.
En el caso de Maersk, eludir los costes del ETS ha sido un factor decisivo. Este esquema grava las emisiones generadas por los buques que operan en aguas de la UE, encareciendo las operaciones marítimas. En un sector donde los márgenes son ajustados, las navieras optan por puertos fuera del alcance de esta normativa. Y esto puede tener un resultado catastrófico para España. La nación, que depende en gran medida de sus puertos para el comercio internacional, verá amenazada su posición como puente logístico entre Europa, África y América.
En 2021, un informe cifró en un 60% las pérdidas de operaciones de transbordo para el Puerto de Algeciras en favor del marroquí de Tánger-Med si no se articulaban medidas correctoras. Este documento apuntaba a una pérdida de volumen de negocio de hasta 300 millones de euros anuales, poniendo en riesgo unos 1.600 puestos de trabajo directos o un impacto regional indirecto más amplio de hasta 4.200 empleos.