«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
«La Confederación Hidrográfica del Júcar siempre estuvo a favor del plan y lo impulsó desde 1981»

El ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo apunta al PSOE: «La obra estaba aprobada, pero el Gobierno nunca puso los 240 millones»

Javier Machí, decano de la Demarcación de la Comunidad Valenciana del CICCP. Las Provincias

El devastador desbordamiento del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre dejó un saldo de 224 muertos y tres desaparecidos, según datos oficiales. Sin embargo, esta catástrofe pudo haberse mitigado si se hubieran ejecutado las obras de un proyecto de encauzamiento aprobado en 2010, pero abandonado por falta de financiación. Así lo asegura Javier Machi, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana.

«En 2010, el plan estaba listo para ejecutarse, con un presupuesto de 240 millones de euros», lamenta Machi. Este ambicioso proyecto, desarrollado por la firma de ingeniería civil Typsa bajo su dirección, contemplaba medidas clave para evitar grandes inundaciones, como la reforestación, áreas de laminación, la construcción de puentes nuevos y la mejora de la canalización del barranco. «Con estas actuaciones, el impacto habría sido mucho menor y se habrían salvado vidas», subraya.

El Ministerio para la Transición Ecológica, según explica Machi, es el órgano responsable de gestionar y organizar los recursos económicos destinados a este tipo de infraestructuras. Sin embargo, tanto los gobiernos de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez desatendieron el proyecto, alegando restricciones presupuestarias tras la crisis económica de 2008. «La Confederación Hidrográfica del Júcar siempre estuvo a favor del plan y lo impulsó desde 1981, tras varias inundaciones importantes en la región», recuerda Machi.

Entre las actuaciones previstas destacaba un corredor verde que conectaría Torrent con el río Turia, capaz de derivar hasta 700 metros cúbicos por segundo, así como la reforestación de cabeceras en Buñol y Chiva para controlar el caudal y reducir los sólidos en suspensión. Además, se planearon áreas de retención en Aldaia y Picanya, con el objetivo de minimizar la velocidad y fuerza del agua en zonas urbanas.

El desastre natural, calificado por expertos como un evento sin precedentes, puso de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras hidráulicas de la provincia. Según Machi, el caudal del barranco llegó a los 3.500 metros cúbicos por segundo, una cantidad que habría rebasado incluso las medidas propuestas. «Aun así, las consecuencias habrían sido menos devastadoras, limitándose principalmente a zonas rurales», detalla.

Desde su despacho, Machi reflexiona con frustración sobre lo ocurrido: «Los ingenieros hicimos nuestro trabajo. Este no es un problema técnico, es una cuestión política». Pese a la trágica pérdida de vidas humanas, espera que este episodio impulse a los responsables a tomar medidas urgentes y acabar con años de parálisis administrativa.

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