El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha abogado por elevar las penas en los delitos de okupación de vivienda, así como posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda okupada ilegalmente sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, tal y como reconoce la jurisprudencia más reciente. En el estudio «El problema de la ocupación ilegal en España», el IEE ha pedido también introducir una serie de medidas que agilicen los procesos judiciales para la recuperación de propiedades.
Desde el IEE, han recalcado que las denuncias por okupación ilegal de inmuebles en España se han multiplicado por más de seis en el periodo 2018-2024, hasta el 34,5%, y que sólo en 2024 el número de denuncias por okupación de inmuebles aumentará un 7% en comparación al año anterior, hasta rozar los 16.500 casos, mientras que los desahucios por impagos de alquileres avanzaron un 4,5%.
Si se analiza la okupación de viviendas en España en relación con el número de viviendas vacías en cada comunidad autónoma, los datos muestran que Cataluña presenta la mayor incidencia en comparación con el total nacional, con un índice de ocupación que es casi cuatro veces superior al total nacional. Desde el IEE, consideran que el problema es reflejo de un «deficiente» marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una «ineficiente» intervención pública en materia de vivienda.
Por ello, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la okupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda. También han pedido cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles requiriéndose sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar.