El juez Juan Carlos Peinado está de regreso con fuerza y no ha dejado que el verano termine para retomar una investigación de alto perfil. Este próximo 26 de agosto, tres personas relevantes están citadas para comparecer ante su Juzgado. La primera es Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, quien es conocida por ser uno de los principales vínculos entre Barrabés, Wakalua y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Sin embargo, el mismo día también acudirán al tribunal otros dos testigos clave: los representantes de los patrocinadores de la cátedra asignada a Begoña Gómez, a pesar de que ella no cuenta con ninguna titulación universitaria oficial.
En un auto judicial, al que ha tenido acceso el diario Libertad Digital, se detalla la citación de Ignacio Mariscal Carnicero y Marc Simón Martínez para el 26 de agosto a las 12:00 horas en la Secretaría del Juzgado. Estas dos personas están relacionadas con el patrocinio de la cátedra a través de Reale Seguros y la Fundación La Caixa, respectivamente, y se espera que puedan aportar información crucial sobre cómo se gestó esta cátedra a una velocidad inusitada.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) decidió crear la cátedra para Begoña Gómez en septiembre de 2020, y en cuestión de un mes, en octubre, se firmaron los acuerdos con los patrocinadores. La publicación oficial en la Tribuna Complutense confirmó esta decisión, pero lo que realmente llama la atención es que el rector Joaquín Goyache hizo la llamada para crear la cátedra en septiembre, poco después de una reunión en Moncloa con Begoña Gómez, según ha declarado en sede judicial el exvicerrector Juan Carlos Doadrio.
Doadrio, quien ya ha testificado junto con José María Coello de Portugal, el actual vicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, reveló que a finales de septiembre de 2020 recibió una llamada de Goyache ordenándole crear la cátedra para la esposa del presidente. Además, apenas unos días después, a principios de octubre, Doadrio recibió un correo electrónico de Begoña Gómez con toda la documentación necesaria para la cátedra, enviada desde su dirección personal de email, lo que le pareció sorprendente por la rapidez.
Begoña Gómez, por su parte, ha optado por acogerse a su derecho constitucional de no declarar en calidad de investigada por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Este caso ha sido seguido de cerca por la UCM, que en un informe contundente instó al juez Peinado a investigar a Gómez por un presunto delito de apropiación indebida, citando su falta de cooperación en la investigación interna de la universidad sobre su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Esta cátedra, cuya creación fue anunciada de manera casi inmediata en octubre de 2020, involucra facturas cuyo valor total ya supera los 100.000 euros.
La velocidad con la que se tramitó la creación de esta cátedra es inusual, incluso para los estándares de la administración universitaria, lo que ha levantado sospechas y generado una investigación que promete arrojar luz sobre las conexiones y decisiones detrás de este proceso extraordinario.
