La investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios sigue avanzando. El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a Presidencia del Gobierno un listado detallado de los trabajadores y asesores que desempeñan funciones en La Moncloa, en el marco de la investigación relacionada con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta solicitud llega una semana antes de que Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa, comparezca como testigo ante el magistrado.
Cristina Álvarez, pieza clave en las pesquisas, colaboró en diversas gestiones para la cátedra de Gómez. Entre las pruebas que están bajo análisis, destaca un correo en el que la asesora instó a Reale Seguros a mantener el patrocinio de la cátedra, sugiriendo incluso una reducción en la cantidad aportada. «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior», escribió Álvarez. Este mensaje, junto a otros similares, ha llevado a cuestionar si la asesora utilizó recursos públicos para fines privados.
En la documentación revisada, también aparecen cadenas de correos entre Álvarez y la UCM sobre el registro de un software y la marca de la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva. Aunque en ocasiones utilizó su correo personal, en otras empleó su cuenta oficial de La Moncloa, incluyendo el membrete de Presidencia del Gobierno, lo que podría constituir un uso indebido de su posición pública. Las acusaciones populares señalan que estas acciones podrían implicar malversación de recursos públicos.
El magistrado también ha dirigido solicitudes específicas a la Universidad Complutense. Ha requerido al Vicerrectorado de Investigación y Doctorado la documentación relacionada con la cátedra y a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector que declaró sobre la imposición de crearla para Gómez, que entregue los expedientes que pueda conservar. Estas pruebas serán esenciales para determinar si se produjeron irregularidades en el desarrollo de la cátedra.
La defensa de Gómez ha presentado varios de los correos electrónicos como parte de su estrategia para desacreditar las imputaciones de apropiación indebida e intrusismo profesional, cargos que también se investigan en este caso. La esposa del presidente declarará nuevamente el próximo 18 de diciembre, dos días antes de que lo haga Álvarez, cuyo testimonio será clave para esclarecer las gestiones realizadas en torno a la cátedra.
El caso ha generado un intenso debate en círculos jurídicos y políticos, ya que se cuestiona si el uso de una empleada pública para fines vinculados a actividades privadas constituye un delito. Mientras tanto, el juez Peinado avanza en la recopilación de pruebas y documentos que permitan arrojar luz sobre esta polémica.
