El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta operativa orquestada a través de Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos en la que habría participado, entre otros, el empresario Víctor de Aldama, ha designado a dos funcionarios de la Agencia Tributaria para determinar «las cantidades que la mercantil pudiera haber defraudado a la Hacienda Pública».
En un auto, el magistrado Santiago Pedraz ha accedido a lo solicitado por la Fiscalía, que pidió el nombramiento de dos funcionarios para que «en auxilio judicial» procedieran a la determinación de las cuotas que eventualmente hubiera podido dejar de ingresar» el fisco. Ambos trabajadores de la Agencia Tributaria ya se encuentran realizando esas comprobaciones después de haber tomado posesión de su cargo el pasado viernes en el Juzgado Central de Instrucción Número 5.
En su resolución, el magistrado también ha librado mandamiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que le fuera «facilitada cualquier información que sea hallada en los documentos y evidencias digitales intervenidas, y puedan tener relación con el objeto del auxilio encomendado». Asimismo, el instructor ha detallado que Villafuel «habría estado simulando transmitir el hidrocarburo de su propiedad a sociedades interpuestas cuando en realidad lo transmitía a sus clientes finales.
«En el caso que nos ocupa, en el momento en que se encuentra la investigación, resulta imprescindible acometer el análisis y, en su caso, tratamiento tributario, de toda la documentación acumulada. Esta tarea debe ser realizada por expertos, que mediante sus informes aporten insumos que permitan determinar, en su caso, la existencia o no de delitos de blanqueo de capitales o de fraude fiscal», explica el juez.
