El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que instruye el conocido caso Koldo, ha ordenado investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. La decisión responde a una petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que busca determinar su posible implicación en adjudicaciones irregulares de contratos de obra pública.
El magistrado ha solicitado a una docena de entidades bancarias y a la Agencia Tributaria toda la documentación financiera, fiscal y laboral de ambos exrresponsables del Ministerio de Transportes. Según el auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la medida cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción. El objetivo es que la UCO recopile los datos y elabore un informe que permita delimitar responsabilidades dentro de la trama investigada.
El juez recuerda que la investigación apunta a que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, habrían recibido presuntas contraprestaciones económicas por favorecer a determinadas constructoras. En ese esquema, Pardo de Vera y Herrero habrían actuado como facilitadores de adjudicaciones a empresas concretas, entre los años 2018 y 2021, dentro del propio Ministerio.
Moreno señala en su resolución que no se trata de simples sospechas, sino de “claros indicios objetivados” de que los investigados habrían participado en delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Por ello, ha ordenado que el informe de la UCO incluya información detallada sobre cuentas bancarias, transmisiones de valores, cheques, fondos de inversión, bienes inmuebles, donaciones, planes de pensiones y cajas de seguridad alquiladas, entre otros activos.
La solicitud de la UCO, fechada el pasado 2 de octubre, vincula a los dos ex altos cargos con el supuesto amaño de contratos públicos por valor de 240 millones de euros. En el caso de Isabel Pardo de Vera, el juez apunta a dos adjudicaciones concretas: la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y una obra de emergencia en Asturias. Ambas habrían terminado en manos de Acciona y de la constructora del empresario valenciano José Ruz.
Por su parte, Javier Herrero estaría relacionado con cuatro proyectos de obra pública que suman más de 170 millones de euros, según el informe elaborado por la Guardia Civil el pasado 5 de junio.
En una de sus últimas resoluciones, el juez Moreno subraya el papel decisivo de Pardo de Vera y Herrero en las adjudicaciones presuntamente irregulares dentro del Ministerio. Destaca además que su intervención no puede entenderse sin analizar las grabaciones realizadas por Koldo García a su entonces superior, de las que se desprende —según el magistrado— “una notoria discrecionalidad a la hora de adjudicar contratos de obra pública”.
