La Guardia Civil ha puesto el foco en una cuenta que comparten las hermanas Pardo de Vera en el marco de la investigación del caso Koldo. La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un detallado informe patrimonial sobre la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, según adelanta The Objective. Los agentes sospechan que ambos pudieron actuar como intermediarios para favorecer adjudicaciones de obra pública y reclaman al juez nuevas diligencias económicas a través de Hacienda y varias entidades bancarias para determinar si recibieron compensaciones por esas gestiones.
El documento remitido al juzgado revela que la exresponsable de ADIF mantiene abiertas cuatro cuentas en Abanca, la principal entidad financiera de Galicia, su tierra natal. Tres de ellas son libretas de ahorro, de las que dos figuran a su nombre en exclusiva, mientras que la tercera está asociada a su hermana Ana Pardo de Vera, hoy directiva del diario Público. Esa cuenta conjunta se abrió en 2005, hace ya veinte años, y sigue activa. La expresidenta del gestor ferroviario dispone además de un depósito corriente compartido con sus padres y otros hermanos.
La UCO asegura que en los registros practicados en junio se halló documentación sensible que vincularía a Pardo de Vera con contratos bajo sospecha. En su domicilio apareció, por ejemplo, un expediente relativo al suministro de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, una de las sociedades bajo investigación en la trama y para la que actuaba como intermediario el empresario Víctor de Aldama. La también ingeniera gallega figura igualmente en la causa por su presunta participación en la contratación en Ineco de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos.
Los agentes resaltan en su oficio que, según las pesquisas, el propio Ábalos y su mano derecha, Koldo García, habrían recibido contraprestaciones económicas de constructoras a cambio de contratos amañados. En ese contexto sitúan a Pardo de Vera y a Herrero como piezas clave, ya que serían quienes proporcionaban la información y aceleraban los expedientes siguiendo instrucciones del entonces ministro de Transportes a través de su asesor.
En sede judicial, la expresidenta de ADIF rechazó el pasado julio haber manipulado adjudicaciones a instancias de García, asegurando que sus mensajes nunca influyeron en las decisiones de contratación. Sin embargo, los investigadores han constatado comunicaciones constantes entre ambos, en las que el asesor de Ábalos presionaba para beneficiar a determinadas compañías.
Una conversación grabada el 18 de noviembre de 2020 muestra cómo Koldo García solicitaba a Pardo de Vera una adjudicación para Levantina, Ingeniería y Construcción. Aunque la entonces presidenta de ADIF se mostró reticente por haber concedido poco antes otro contrato a esa misma empresa, se comprometió a analizar la petición. Semanas después, Levantina resultó adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias por casi 600.000 euros.
No fue el único episodio bajo sospecha. En enero de 2019, García remitió a la ingeniera los resultados de un concurso para la alta velocidad extremeña, filtrados por un directivo de Acciona. Aunque la constructora perdió aquella licitación, días después ADIF otorgó un contrato en Murcia por 146 millones que acabó beneficiando a la trama. Los investigadores sostienen que Pardo de Vera rubricó personalmente autorizaciones que, presuntamente, fueron manipuladas para favorecer a determinadas firmas, con adjudicaciones a Acciona que superarían los 340 millones de euros.
