El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado este martes el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se convierte así en el primer máximo responsable del Ministerio Público que deberá comparecer en un banquillo de acusados en la historia de España. El proceso arranca a raíz de la difusión de un correo confidencial vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La resolución judicial establece que García Ortiz deberá abonar una fianza de 150.000 euros para responder de las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. Si no la presenta en el plazo de cinco días, se procederá al embargo de sus bienes. Paralelamente, el instructor traslada la causa a la Inspección Fiscal para que valore si corresponde adoptar alguna decisión en el ámbito interno de la Fiscalía, aunque rechaza por el momento apartarlo cautelarmente de sus funciones, como había solicitado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
El origen del caso se remonta a un mensaje electrónico fechado el 2 de febrero de 2014 y remitido por la defensa de González Amador a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. En ese correo, el abogado reconocía la comisión de dos delitos fiscales en el marco de conversaciones para un posible acuerdo. El contenido acabó filtrándose a la Cadena Ser y, a continuación, el fiscal general ordenó la elaboración de una nota pública en la que se revelaron los detalles de la negociación entre la Fiscalía y el letrado.
El juez Hurtado, con el aval de la Sala de Apelaciones, considera que estos hechos podrían constituir un delito de revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público. Por ese motivo, se abre formalmente la fase de juicio oral, que previsiblemente tendrá lugar en el mes de noviembre ante el propio Supremo.
La vista será celebrada por un tribunal compuesto por siete magistrados: Andrés Martínez Arrieta, que ejercerá de presidente, junto con Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Susana Polo y Ana Ferrer. La defensa del fiscal general y el resto de partes disponen ya de un plazo para presentar sus escritos con vistas a la celebración del juicio.
