Torrent ha aplazado el pleno de investidura de Sánchez previsto para este viernes, y ha denunciado una «vulneración de derechos» por parte del Tribunal Supremo.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, propondrá este viernes en la reunión extraordinaria de la Mesa que la Cámara catalana se querelle contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Según fuentes parlamentarias, ha decidido abrir esta vía judicial después de que Llarena haya denegado a Jordi Sánchez, numero dos de JxCat y en prisión preventiva, el permiso para acudir al Parlament al pleno de su investidura.
Torrent ha aplazado el pleno de investidura de Sánchez previsto para este viernes, y ha denunciado una «vulneración de derechos» por parte del Tribunal Supremo, que ha denegado el permiso al candidato a salir de la cárcel para asistir a la sesión.
En un comunicado, ha anunciado el aplazamiento sine die del pleno y ha convocado la Mesa extraordinaria para dar respuesta a la que cree es una «vulneración de derechos del Tribunal Supremo», después de que el juez Pablo Llarena haya denegado a Sánchez un permiso para acudir al pleno de su investidura.
Llarena se ha opuesto a excarcelar al numero dos de JxCat, en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución española.
Esta circunstancias ha llevado a Torrent a cancelar por segunda vez un pleno de investidura de Jordi Sánchez, pues el exlíder de la ANC repetía de candidato a la presidencia de la Generalitat después de que Llarena ya le hubiera denegado su salida de prisión en la primera ocasión.
El nuevo argumento que aportaron tanto la defensa de Sánchez como como Torrent ante Llarena fue la admisión a trámite de la demanda del exlíder de la ANC por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU -que aún no se ha posicionado sobre el fondo del asunto-, lo que no ha servido para variar la posición del juez instructor.
En concreto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros aún no se pronunciado sobre el fundo de la cuestión, aunque dos de estos miembros pidieron a España que se adoptaran «las medidas necesarias» para garantizar «que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto» Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).
Tras la decisión, el candidato a la presidencia de la Generalitat se ha preguntado si los catalanes «volvieron a delinquir el 21-D» al ir a votar. En este contexto, ha lanzado un mensaje en Twitter: «Hoy me pregunto si los catalanes volvieron a delinquir el 21-D depositando sus votos en las urnas».
Torrent ha denunciado una «vulneración de derechos» por parte del Supremo, por lo que ha convocado una Mesa extraordinaria para mañana por la mañana para dar una respuesta.
El pasado 7 de abril, el presidente del Parlament, a propuesta de JxCat, volvió a designar a Sánchez como candidato por segunda vez, después de los fracasados intentos de investir a Carles Puigdemont, Jordi Turull y el propio Sánchez.
Torrent convocó el pasado lunes el pleno para mañana y envió un escrito al magistrado Llarena para que llevara a cabo las medidas necesarias que garantizaran el derecho que considera que tiene Sánchez de participar en su investidura, pero el juez del Supremo ha rechazado excarcelarlo ni darle un permiso.
