Durante las doce horas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvo en la sede del PSOE buscando información en «trasteros, naves, cuartos de contadores, calefacción, azoteas, desvanes o garajes» por orden de la Audiencia Nacional, los agentes trataron de localizar documentación y pruebas relacionadas con las sospechas de financiación de las denominadas cloacas del partido. La investigación apunta a una presunta estructura destinada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno y al entorno socialista.

La actuación fue autorizada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ordenó recopilar un amplio volumen de información para avanzar en la causa. El magistrado acaba de imputar en este procedimiento al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; a la gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco; al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; y al abogado Ismael Oliver.

El instructor atribuye a los investigados distintos presuntos delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. En el caso de la gerente del PSOE, el auto la sitúa como cómplice y presunta autora de falsedad documental por la emisión de facturas supuestamente falsas.

La orden de entrada y registro permitió a los agentes intervenir dinero en efectivo, medios de pago y documentación de carácter mercantil, contable, financiero o personal que pudiera tener relevancia para las pesquisas. El juez también autorizó la incautación de cualquier dispositivo que pudiera dar acceso a criptomonedas, con la finalidad de volcar su contenido y, en caso necesario, transferir los fondos a un monedero virtual bajo control judicial, según avanza Vozpópuli.

Esa parte de la orden recuerda a la dictada días antes por el juez José Luis Calama en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra. En aquel procedimiento, el magistrado encargó a la UDEF registrar el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante las sospechas de que pudiera ocultar patrimonio de origen presuntamente ilícito, incluyendo criptomonedas, dinero en efectivo u otros bienes y activos.

Pero el registro en Ferraz no se limitó a la búsqueda de dinero, documentación o dispositivos electrónicos. Pedraz también autorizó el volcado de perfiles de redes sociales vinculados al PSOE y administrados por personas investigadas. El objetivo era analizar posibles comunicaciones, publicaciones o materiales relacionados con la presunta estrategia atribuida al grupo investigado.

Otro de los puntos relevantes de la diligencia fue la intención de comprobar la presencia en la sede socialista de una treintena de personas relacionadas con distintas causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional quiere reconstruir si algunas de esas personas acudieron a Ferraz y en qué contexto pudieron hacerlo.

En esa lista aparecen, además de los propios investigados en esta causa, nombres como el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, investigado en el caso Koldo; la empresaria Carmen Pano, que declaró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede socialista; su chófer, Álvaro Gallego; el comisario José Manuel Villarejo; el exviceministro venezolano Nervis Villalobos; y el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell.

Uno de los elementos considerados clave por los investigadores es el correo electrónico de Celia Rodríguez, empleada del PSOE señalada por haber entregado sobres con dinero en efectivo a Koldo García. La trabajadora declaró en abril ante el Tribunal Supremo durante el juicio de las mascarillas y su cuenta de correo fue incluida entre los objetivos del registro autorizado por el juez.

Las conversaciones de WhatsApp incorporadas por la UCO en sus informes, mantenidas entre Koldo García, su esposa y la propia trabajadora socialista, ya habían puesto el foco sobre un supuesto movimiento frecuente de dinero en metálico dentro de la sede del partido. Esos mensajes forman parte del material que ha llevado a los investigadores a profundizar en la posible existencia de pagos opacos o circuitos internos de financiación.

Con este registro, la Audiencia Nacional busca determinar si desde la estructura del PSOE se financiaron o facilitaron actuaciones orientadas a influir en causas judiciales sensibles para el Gobierno. La operación en Ferraz, desarrollada durante toda la jornada del miércoles, se convierte así en una de las diligencias más relevantes dentro de una investigación que ya alcanza a antiguos cargos orgánicos, responsables internos del partido y personas vinculadas a otras causas de corrupción.