Suena duro, pero es exactamente eso. Si prospera el nuevo proyecto impulsado por la Dirección General de Derechos de los Animales, sólo se podrán mantener unas pocas especies, y el resto pasará a estar prohibido.
Hoy, millones de personas disfrutan de tener animales en casa. Un acuario puede albergar más de 2.000 especies distintas: recrear el fondo del lago Tanganika, un fragmento del río Negro o un tanque plantado lleno de vivíparos americanos de brillantes colores. En un salón, un terrario con bromelias y una pequeña cascada puede ser el hogar de una ranita nacida en La Coruña, descendiente de aquellas que hace décadas llegaron de Colombia. Nunca ha visto la selva ni ha comido las hormigas que la volverían venenosa. Vive bien, come bien, y su único «pecado» es existir fuera de la selva.
En un jardín, unas tortugas se calientan al sol otoñal antes de hibernar, igual que sus parientes de Grecia o Turquía. Las de aquí nacieron en Valencia hace generaciones y cuentan con documentación CITES, el convenio internacional que garantiza que el comercio de fauna y flora silvestres no amenaza su supervivencia. En el fondo del mismo jardín, una voladera con periquitos y agapornis alegra el día con su bullicio y su plumaje azul recién estrenado todos nacieron en España aunque sus ancestros sean australianos y africanos.
Todas estas especies —criadas durante décadas, incluso siglos— son las llamadas «exóticas«. No hacen daño, no amenazan la biodiversidad y proporcionan bienestar a quienes las cuidan. Pero parece que a algunos esto les molesta profundamente.
El origen de la ofensiva
En 2020, con Pablo Iglesias como ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, se creó la Dirección General de Derechos de los Animales, dirigida entonces por Sergio García Torres, excoordinador en Madrid de la ONG vegano-animalista AnimaNaturalis, promotora de la ILP antitaurina No es mi cultura. Con escaso respaldo social (apenas unos pocos sostienen las pancartas en la puerta de los cosos en una tarde de feria) pero mucho entusiasmo ideológico, García Torres redactó la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, incluyendo una vieja reivindicación del activismo animalista: el Listado Positivo.
¿En qué consiste? En prohibir todas las especies que hoy pueden mantenerse en acuarios, terrarios, jardines o voladeras, excepto unas pocas «autorizadas». El argumento: «evitar su sufrimiento, prevenir enfermedades y proteger la biodiversidad».
El doble rasero
Paradójicamente, nuestros perros y gatos —mascotas incuestionables— transmiten muchas más enfermedades que cualquier tortuga o pez: bartonella, leptospirosis, toxoplasmosis, tiña… La lista es larga. Además, el abandono masivo de perros y gatos sí supone un problema real para la fauna silvestre. El gato doméstico, de hecho, está catalogado como una de las 100 especies invasoras más dañinas del planeta, responsable de múltiples extinciones.
Los perros y gatos también tienen sus necesidades etológicas. Para que puedan vivir con nosotros en paz y armonía, deben ser esterilizados, lo cual altera su carácter. Muy pocos de ellos disfrutan de largas caminatas, teniendo que someterse a la falta de tiempo de sus amos que no tienen tiempo de sacarlos ni a hacer sus necesidades. Y aun así, nadie se plantea prohibirlos. Porque entendemos que el riesgo cero no existe y que la convivencia responsable es posible.
La mentira repetida mil veces
El discurso oficial repite que los peces, las ranas o las tortugas son maltratados en sus terrarios o acuarios. Pero basta observarlos para ver lo contrario. Quienes impulsan esta narrativa son organizaciones como FAADA, impulsora del Listado Positivo, que también sostiene que la leche de vaca «es sólo para los terneros», que «no hay que comer pescado porque los peces sufren» o que «los simios son personas no humanas».
Esa visión ideológica, más basada en creencias que en ciencia, está hoy al mando de la política animalista en España. La Dirección General de Derechos de los Animales está ahora dirigida por José Ramón Becerra, coportavoz de Verdes-Equo, el partido que el día del gran apagón tuvo que suspender un debate con el oportuno título «Nucleares Fakes, desmontando los bulos del lobby nuclear con ciencia y verdad». Este partido «desmontabulos» impulsa este proyecto que restringe libertades bajo el pretexto del bienestar animal basado en la ciencia. El listado positivo puede ser su nuevo apagón. Que no digan que no les avisamos.
Lo que realmente está en juego
El «Listado Positivo», disfrazado de protección, no es más que una prohibición masiva. Si se aprueba desaparecerán de nuestros hogares el 99% de las especies que hoy se crían legalmente: peces, reptiles, anfibios, aves y pequeños mamíferos. Una condena injustificada para cerca de siete millones de animales que viven en paz y bienestar.
Este proyecto no tiene base científica sólida, pero sí una fuerte carga ideológica. Es la expresión de una corriente que busca imponer su moral sobre la realidad de la sociedad española, donde la convivencia responsable con animales es vista como una forma de opresión por estos grupúsculos subvencionados.
Cómo actuar
La Federación FAUNA ha lanzado una campaña para que cualquier ciudadano pueda participar en la consulta pública previa sobre este Real Decreto. Se puede colaborar hasta el 28 de octubre, enviando un archivo PDF con alegaciones a la Dirección General de Derechos de los Animales. No dejes de participar, te lo ponen fácil. No aceptes ni un solo recorte más de tus libertades, a cambio del apoyo de un grupúsculo al Gobierno.
