Huelva afronta un nuevo repunte del mercado ilegal de citas de extranjería a pocas semanas de que arranque el proceso de «regularización» masiva anunciado por el Ejecutivo. Sindicatos policiales y fuentes consultadas advierten de que la previsión de miles de solicitudes a partir de abril está tensionando un sistema que ya operaba al límite, lo que ha reactivado un negocio clandestino que convierte un trámite gratuito en un producto de reventa.
La saturación no es nueva, pero vuelve a intensificarse en un momento especialmente sensible. El digital local Huelva 24 alertó recientemente del colapso en la Oficina de Extranjería. La presión no recae únicamente en la administración. Los extranjeros que necesitan esas citas para trabajar o acceder a servicios básicos quedan atrapados en una dinámica en la que conseguir turno resulta cada vez más complicado. En ese escenario, proliferan intermediarios que exigen pagos elevados a cambio de asegurar un hueco en el sistema.
Fuentes policiales citadas por The Objective señalan que en la provincia se han detectado acaparamientos masivos de citas a través de la plataforma oficial. Posteriormente, esos turnos se ofrecen a extranjeros que buscan regularizar su situación administrativa. El precio depende de la urgencia, pero puede ascender a varios cientos de euros. En otros puntos del país, las cantidades han llegado a alcanzar los 1.000 euros.
El mecanismo no es desconocido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional arrestó en Madrid a dos individuos que solicitaban citas de forma masiva mediante programas informáticos para revenderlas después por 50 euros. Operaban con varios teléfonos móviles y una red de contactos que facilitaba la comercialización de los turnos. Según fuentes sindicales, el patrón se repite cada vez que el sistema libera nuevas fechas, que desaparecen en cuestión de minutos.
El contexto actual agrava el problema. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció en enero una regularización extraordinaria que prevé beneficiar a medio millón de personas en toda España. En provincias como Huelva, con fuerte presencia de trabajadores extranjeros vinculados al sector agrícola, el impacto operativo genera especial inquietud.
El Sindicato Unificado de Policía ha advertido en las últimas semanas de la sobrecarga que arrastran las unidades de Extranjería. Desde diciembre, además, el sistema informático que permite el filtrado automático de antecedentes permaneció inactivo durante semanas. Esa circunstancia obligó a realizar comprobaciones manuales, lo que incrementó de forma notable la carga diaria de trabajo.
Antes de la caída del sistema, las brigadas especializadas gestionaban entre 100 y 200 consultas de antecedentes al día. Tras el fallo técnico, esa cifra se multiplicó. En provincias con plantillas ajustadas, como Huelva, cualquier aumento de solicitudes repercute de inmediato en los tiempos de tramitación.
Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía reflejan que la provincia cerró con saldo migratorio positivo. Municipios como Lepe, Moguer o Almonte concentran una población extranjera relevante, ligada en gran medida a campañas agrícolas. A ello se suma la existencia de asentamientos informales en el litoral, donde numerosos extranjeros desarrollan trabajos temporales y arrastran situaciones prolongadas de irregularidad administrativa.
Cuando la demanda de «regularización» se concentra en un corto periodo y las citas se agotan en segundos, el incentivo económico para quienes bloquean turnos mediante sistemas automatizados se dispara. Fuentes policiales consultadas advierten de que, sin refuerzos humanos y técnicos, el cuello de botella resulta inevitable.
La gestión de las citas depende del Ministerio del Interior, que ha introducido filtros técnicos para dificultar el uso de programas automatizados. Sin embargo, los propios agentes reconocen que las redes se adaptan con rapidez. A su juicio, sólo un refuerzo estructural de plantillas permitirá evitar que el acceso a un procedimiento administrativo gratuito quede condicionado por la capacidad de pago en el mercado negro.
