Los contratos menores se han convertido, desde hace tiempo, en uno de los recursos más utilizados por la Administración. La falta de fiscalización y transparencia hace que ayuntamientos, comunidades y el propio Gobierno de España disfruten de rápidas adjudicaciones. Bajo el pretexto de reducción de la burocracia, muchos de estos contratos eluden el concurso público. En lo que llevamos de año, ya son más de 34.500 dedazos de la Administración.
Estos contratos, que han de ser «de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios», han sido utilizados por la Administración en más de un millón de ocasiones, desde comienzos de 2020.
La Gaceta ya señaló hace algunas semanas el abuso de esta forma de contratación llevado a cabo por el ministerio de Igualdad. El departamento capitaneado por Irene Montero ha utilizado este recurso más de 420 ocasiones, lo que supone —en comparación con las 120 adjudicaciones fiscalizadas a través de concurso público— que el 77% de contratos del ministerio de Montero eluden la rendición de cuentas.
Hoy ha saltado a la palestra, sin embargo, que no todas estas contrataciones menores cumplen con la ley. Según adelanta The Objective, entre los últimos 120 contratos menores ejecutados por el ministerio de Igualdad, hasta 26 se ha concedido sin obtener un mínimo de tres presupuestos, como contempla la ley del 28 de febrero de 2019. Tampoco se observan en estos «dedazos» de Montero la justificación de no haber solicitado más de un único presupuesto, como de nuevo exige la normativa.
