La falta de inversión en el mantenimiento de los barrancos de la provincia de Valencia ha sido objeto de críticas hacia el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera. En los últimos seis años y medio, apenas se han destinado recursos a la conservación de estas ramblas, a pesar de que representan un riesgo importante en episodios de lluvias torrenciales. Y en los últimos cinco, nada.
De los 357,4 millones de euros licitados en la Comunidad Valenciana entre enero de 2018 y junio de 2024 por parte del Ministerio, tan solo 36,8 millones se canalizaron a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para proyectos diversos. Estos incluyen el mantenimiento de presas, reparaciones en canales de riego y trabajos de recuperación tras el paso de la borrasca Gloria en 2020. Sin embargo, sólo 950.000 euros han sido dirigidos a obras de emergencia en barrancos, concretamente en el Carraixet tras las lluvias de marzo y mayo de 2022. Ningún otro barranco ha recibido fondos significativos en más de seis años.
La actuación sobre estas ramblas ha sido predominantemente reactiva, enfocada en reparar daños tras temporales. Por ejemplo, en 2019, la CHJ adjudicó un contrato de 2,3 millones de euros para retirar obstrucciones causadas por lluvias extraordinarias ese año. Este gasto, que provino directamente de los fondos del organismo, casi triplica lo aportado por el Ministerio en este ámbito durante todo el período analizado.
A pesar de la relevancia de estos cauces, los barrancos no han sido incluidos en proyectos nacionales ni en estrategias europeas como el programa LIFE 2020. Mientras tanto, iniciativas como el Ebro Resilience, que cuenta con financiación estatal y la colaboración de varias comunidades autónomas, trabajan en soluciones innovadoras para gestionar inundaciones en el tramo medio del río Ebro.
Fuentes de la CHJ justifican esta situación señalando que los recursos disponibles son limitados y que deben repartirse entre numerosos frentes. Esta misma razón habría paralizado proyectos importantes, como la mejora del barranco del Poyo, y priorizado otras inversiones, como los 118 millones de euros destinados a ampliar la desaladora de Torrevieja, tras los recortes en el trasvase Tajo-Segura.
La ausencia de una estrategia integral para los barrancos en la Comunidad Valenciana evidencia una falta de planificación a largo plazo para prevenir riesgos fluviales, dejando como única respuesta medidas de emergencia y reacciones tardías ante fenómenos climáticos extremos.
