El Ministerio de Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Ribera, tomó la decisión en 2021 de paralizar las obras de encauzamiento y drenaje en los barrancos de Poyo y Saleta en la Comunidad Valenciana.
Estas obras buscaban evitar el desbordamiento de los cauces en épocas de fuertes lluvias. La decisión se basó en una «nueva visión del coste-beneficio» y en la incompatibilidad con la Ley de la Huerta de Valencia, aprobada en 2018. La suspensión respondía a problemas presupuestarios y ambientales, pero no a la recomendación de técnicos ni a la evaluación de riesgos.
La falta de estas infraestructuras se hizo evidente el pasado 29 de octubre, cuando el desbordamiento de los barrancos generó intensas inundaciones en varios municipios valencianos, como Aldaya, Torrent, Paiporta, Masanasa y otros. Las lluvias torrenciales convirtieron los cauces secos en torrentes desbordados, con un caudal cercano a los 2.000 m³/s que arrasaron las localidades.
Ribera ha sido criticada por su ausencia en el manejo de la crisis y por no visitar las zonas afectadas. Durante las dos semanas posteriores al desastre ni la ministra ni altos funcionarios del Ministerio han dado explicaciones. Anunció este lunes, en vísperas de su examen en Bruselas como candidata a vicepresidenta de la Comisión Europea, que comparecerá ante el Congreso el próximo día 20.
La decisión de frenar estas obras de drenaje, planificadas entre 2006 y 2011, fue discutida en la presentación de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) el 16 de septiembre de 2021. Durante esa sesión, el entonces presidente de la CHJ, Miguel Polo, y el director general del Agua, Teodoro Estrela, defendieron que las infraestructuras debían ser revisadas conforme a la nueva política ambiental. En ese momento, ambos dependían directamente de Ribera, quien lideró la estrategia de transición ecológica en el Gobierno.
