El Ministerio del Interior ha respondido a las críticas surgidas tras adjudicar un contrato de 12,5 millones de euros a la empresa china Huawei para la instalación de un sistema de almacenamiento de datos. La institución que dirige Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que la seguridad nacional «no está en juego» y que la operación cumple con todas las garantías legales y técnicas.
Según ha revelado el diario El Mundo, fuentes del Ministerio han insistido en que la adjudicación no plantea riesgos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Los dispositivos contratados estarán completamente aislados de redes externas y se utilizarán exclusivamente para almacenar comunicaciones interceptadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de investigaciones judiciales autorizadas. De acuerdo con los expertos consultados, estos sistemas operan como compartimentos estancos y están sometidos a auditorías y procesos de monitorización continuos.
Sin embargo, la contratación ha generado inquietud en Estados Unidos. Los presidentes de los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes han enviado una carta a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, solicitando una revisión de los acuerdos de intercambio de información con España. En la misiva, han advertido sobre los vínculos de Huawei con el Partido Comunista Chino y han alertado del riesgo de que la tecnología instalada facilite el acceso de Pekín a datos sensibles.
Pese a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha señalado que no ha recibido ninguna queja formal por parte de la Embajada de Estados Unidos. Fuentes diplomáticas han destacado que la cooperación bilateral en materia de seguridad sigue siendo «estrecha y sólida», y han subrayado que España garantiza la integridad de sus comunicaciones conforme a la legislación nacional y europea.
