El Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande-Marlaska, ha contratado a una empresa para que le suministre las raciones alimentarias para estos centros, pero con algunas indicaciones importantes, como, por ejemplo, la prohibición de que incluyan en los menús elementos de vidrio, ya que los ilegales «pueden usarlo como objeto para agredir». Esta medida forma parte de un contrato licitado recientemente para los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Canarias, específicamente en los centros de Las Palmas y Tenerife, con un presupuesto de 64.000 euros, según avanza OkDiario.

El pliego del contrato va mucho más allá de la simple provisión de alimentos. El departamento de Marlaska exige que se eliminen completamente objetos que puedan transformarse en instrumentos peligrosos. Así, tanto los envases como los utensilios deben estar diseñados para minimizar cualquier posibilidad de agresión o autolesión. Por ejemplo, las bebidas del desayuno deben servirse en recipientes flexibles y herméticos, sin tapas metálicas, pajitas o materiales cortantes. Nada de botellas de vidrio ni elementos que puedan romperse y utilizarse como arma.

Desde Interior se insiste en que las raciones deben estar completamente libres de espinas y huesos, y que los cubiertos a emplear sean de materiales y formas que impidan cualquier mal uso. El objetivo es evitar incidentes violentos dentro de los centros, teniendo en cuenta algunos antecedentes preocupantes que han encendido las alarmas entre el personal.

Además de las medidas de seguridad, el contrato establece una serie de requisitos nutricionales detallados. Las comidas deben ser variadas, completas y adaptadas a las necesidades calóricas de los internos, incluyendo un equilibrio adecuado de macronutrientes, vitaminas y minerales. También se exige que se tengan en cuenta las creencias religiosas y restricciones alimentarias de los inmigrantes, por lo que habrá menús especiales para respetar dietas religiosas y alternativas para personas celíacas.

A pesar de las garantías nutricionales, la normativa ha sido interpretada por algunos como una muestra del enfoque punitivo del Gobierno hacia los internos. Los trabajadores de los centros denuncian desde hace tiempo la tensión creciente derivada de comportamientos conflictivos por parte de una minoría de residentes, lo que ha generado un ambiente de inseguridad.