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CANARIAS HA RECIIDO UN 135% MÁS DE INMIGRACIÓN ILEGAL EN 2023 QUE EN 2022

El Ministro de Política Territorial supervisa la destrucción de cayucos en Canarias mientras las llegadas siguen disparadas

Este viernes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, realizó una visita al puerto de La Restinga, en El Hierro, para supervisar la destrucción, carga y transporte de cayucos abandonados. Aunque el ministro destacó una disminución en las llegadas de embarcaciones con inmigrantes ilegales en las últimas semanas, las cifras generales revelan un aumento del 73% de inmigración ilegal en España en comparación con 2022, siendo Canarias la región más afectada con un aumento del 135%.

La inmigración ilegal representa un significativo desafío financiero para el país, con costos asociados a la manutención en centros de acogida y hasta alojamiento en hoteles. A esto se suma el traslado y la destrucción de cayucos en La Restinga, cuyo costo asciende a 797.000 euros. El Consejo de Ministros, a solicitud del Ministerio de Política Territorial, ha declarado la emergencia para tramitar el encargo a la empresa pública Tragsa.

El muelle de La Restinga ha acumulado decenas de cayucos desde el inicio de la crisis migratoria, afectando la operatividad del puerto pesquero y generando complicaciones logísticas para el municipio y la isla, según ha expresado el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón. El ministro Torres señaló que la acumulación de cayucos se había convertido en un problema y que el Consejo de Ministros había determinado que la competencia para su tratamiento recae en la Delegación del Gobierno y, por ende, en su ministerio.

En cuanto a la destrucción de los cayucos, Torres explicó que el tratamiento de la fibra de vidrio no se realiza en El Hierro, por lo que es necesario trasladarla a otras ubicaciones. Además, anunció que se aplicará el mismo mecanismo de emergencia en otros muelles y puertos de Canarias, todo ello implica incrementar significativamente los gastos asociados a la política inmigratoria “de puertas abiertas” en un contexto donde iniciativas legislativas como, por ejemplo, la ley ELA permanecen paralizadas en el Congreso.

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