Este viernes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, realizó una visita al puerto de La Restinga, en El Hierro, para supervisar la destrucción, carga y transporte de cayucos abandonados. Aunque el ministro destacó una disminución en las llegadas de embarcaciones con inmigrantes ilegales en las últimas semanas, las cifras generales revelan un aumento del 73% de inmigración ilegal en España en comparación con 2022, siendo Canarias la región más afectada con un aumento del 135%.
La inmigración ilegal representa un significativo desafío financiero para el país, con costos asociados a la manutención en centros de acogida y hasta alojamiento en hoteles. A esto se suma el traslado y la destrucción de cayucos en La Restinga, cuyo costo asciende a 797.000 euros. El Consejo de Ministros, a solicitud del Ministerio de Política Territorial, ha declarado la emergencia para tramitar el encargo a la empresa pública Tragsa.
El muelle de La Restinga ha acumulado decenas de cayucos desde el inicio de la crisis migratoria, afectando la operatividad del puerto pesquero y generando complicaciones logísticas para el municipio y la isla, según ha expresado el alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón. El ministro Torres señaló que la acumulación de cayucos se había convertido en un problema y que el Consejo de Ministros había determinado que la competencia para su tratamiento recae en la Delegación del Gobierno y, por ende, en su ministerio.
En cuanto a la destrucción de los cayucos, Torres explicó que el tratamiento de la fibra de vidrio no se realiza en El Hierro, por lo que es necesario trasladarla a otras ubicaciones. Además, anunció que se aplicará el mismo mecanismo de emergencia en otros muelles y puertos de Canarias, todo ello implica incrementar significativamente los gastos asociados a la política inmigratoria “de puertas abiertas” en un contexto donde iniciativas legislativas como, por ejemplo, la ley ELA permanecen paralizadas en el Congreso.
