La visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, a China, apenas un mes antes del accidente de Adamuz, ha cobrado una nueva dimensión tras conocerse el alcance de la relación del Gobierno con uno de los mayores gigantes ferroviarios del mundo. El pasado 12 de diciembre, Puente se reunió en Pekín con la cúpula de China Railway Construction Corporation (CRCC), una corporación pública controlada directamente por el Partido Comunista chino, interesándose por su tecnología de alta velocidad en un contexto que hoy plantea serias preguntas sobre la seguridad ferroviaria en España.
El encuentro, que el propio Ministerio trató de promocionar, pasó casi desapercibido en aquel momento. Tampoco trascendió entonces el historial que arrastra la empresa china, marcada por accidentes mortales y episodios de corrupción, detalla El Confidecial. Sin embargo, CRCC ya opera en el mercado español y, a través de su filial Aldesa, acumula adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transportes y de ADIF, justo cuando el sistema ferroviario nacional atraviesa una crisis de fiabilidad.
El ministro difundió la reunión en la red social X, donde subrayó las “oportunidades de colaboración e intercambio de conocimientos” con una de las mayores constructoras de infraestructuras del planeta. A la cita acudió también el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, uno de los cargos más señalados tras la tragedia de Adamuz. Ambos visitaron las instalaciones de CRCC y se fotografiaron junto a uno de sus trenes de alta velocidad.
La visita se produjo semanas después de que Puente anunciara su intención de elevar la velocidad de la línea Madrid-Barcelona hasta los 350 km/h. Tras el accidente que ha costado la vida a 45 personas, varios tramos de esa misma línea han visto limitada su velocidad a 80 km/h. El viaje a China tuvo como objetivo conocer los modelos de trenes capaces de alcanzar los 350 km/h, con vistas a una posible incorporación a la flota de Renfe.
No obstante, la presencia de CRCC en España no es futura, sino una realidad consolidada. En 2020, en plena pandemia, la corporación china adquirió el 75% de Aldesa, por entonces la mayor constructora española no cotizada. Tres años después, elevó su participación hasta el 99%, lo que supuso un punto de inflexión en un sector tradicionalmente dominado por capital nacional y reforzó la influencia de Pekín en infraestructuras estratégicas.
