El juez de la Audiencia Nacional ha acordado abrir diligencias previas tras recibir una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un trámite inicial que no implica la apertura formal de una causa penal ni la imputación de responsabilidad alguna.
El escrito, presentado por la Asociación Libertad y Justicia, atribuye al titular de Transportes un presunto delito de homicidio imprudente por el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero, en el que fallecieron 45 personas. El magistrado Antonio Piña se ha limitado a admitir a trámite la denuncia y a remitirla a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe sobre la competencia del tribunal, un paso automático cuando se registra una actuación de este tipo.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que el recorrido de esta iniciativa en la Audiencia Nacional es previsiblemente muy limitado. Puente, por su condición de ministro, está aforado ante el Tribunal Supremo, lo que hace improbable que este órgano asuma la investigación. Además, subrayan que la decisión del juez no supone en modo alguno que se haya iniciado una investigación penal, sino únicamente la verificación de qué tribunal debe conocer del asunto.
Mientras tanto, la instrucción principal por el mayor accidente mortal de la alta velocidad en España continúa en Córdoba. Las pesquisas están en manos de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, donde se centraliza la investigación de los hechos ocurridos en la línea de AVE, la primera tragedia de este tipo desde que se inauguró la conexión Sevilla-Madrid en 1992.
Al frente del procedimiento se encuentra una magistrada recién incorporada a su primer destino definitivo. Cristina Pastor Recover fue nombrada titular del juzgado apenas dos días después del siniestro, según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Además, VOX ha intensificado su ofensiva judicial. La formación presentó una querella contra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y contra el actual presidente del ente público, Marcos de la Peña, a quienes responsabiliza de una gestión deficiente de las infraestructuras ferroviarias. En su escrito, el partido les atribuye delitos que van desde homicidio imprudente y vulneración de los derechos de los trabajadores hasta prevaricación por omisión, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública.
La acumulación de denuncias y querellas mantiene bajo fuerte presión judicial a los responsables políticos y gestores del sistema ferroviario, mientras avanza la instrucción para esclarecer las causas de una tragedia que ha sacudido al sector y ha reabierto el debate sobre el estado de mantenimiento y la seguridad de la red de alta velocidad.
