Correos electrónicos y mensajes interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidencian que, en 2020, el expresidente del Gobierno de Canarias y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ordenó el pago de 11,8 millones de euros a la trama corrupta detrás de Soluciones de Gestión SL, apenas ocho días después de recibir las facturas a través de Koldo García, asesor cercano al entonces ministro José Luis Ábalos.
En plena crisis sanitaria de 2020, el Servicio Canario de Salud adjudicó contratos de emergencia para la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión SL. Según correos ahora bajo análisis, el 22 de julio de ese año, Iñigo Rotaetxe, director de Proyectos de la empresa, envió a Koldo García las facturas y los pedidos oficiales de 4.750.000 mascarillas KN95, instándole a que intercediera ante el Gobierno de Canarias para que se realizara el pago.
Ocho días después, el 30 de julio, Torres comunicó a García que el asunto estaba resuelto: «Se ha dado orden de pago y el consejero ya está. Hoy dormiré mejor«, escribía el entonces presidente autonómico. El mensaje confirmaba la agilidad con la que se gestionaron los pagos, en contraste con las declaraciones de Torres, quien en una entrevista reciente aseguró que las facturas tardaron «cinco o seis meses» en ser abonadas.
El pasado 2 de enero, en declaraciones a la Cadena Ser, Torres minimizó las acusaciones y negó cualquier irregularidad en los pagos. Sin embargo, los correos interceptados refutan su versión, evidenciando que el pago se efectuó mucho antes de lo que afirmó. Además, los mensajes intervenidos entre Torres y Koldo García refuerzan los indicios de una colaboración directa entre el líder socialista y la trama investigada.
La UCO también cuestiona la falta de justificación en las adjudicaciones. Un informe enviado a la Fiscalía Anticorrupción señala que no existen comunicaciones entre el Servicio Canario de Salud y Soluciones de Gestión que expliquen por qué se eligió a esta empresa frente a otras posibles proveedoras.
El caso de Soluciones de Gestión no es el único que salpica al Gobierno de Canarias. Una segunda empresa, Eurofins Megalab, obtuvo contratos por valor de 5,3 millones de euros para realizar test PCR. Según la investigación, Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, habría dado su visto bueno a estas adjudicaciones. Los investigados también mantuvieron contacto directo con Torres y su jefe de gabinete, Antonio Olivera, quien hoy ocupa un puesto relevante en el Ministerio de Política Territorial.
Además, los ministerios de Transportes e Interior y el Gobierno balear de Francina Armengol también adjudicaron contratos sin concurso público a Soluciones de Gestión, lo que amplía el alcance de la trama más allá del archipiélago canario.
Víctor de Aldama, considerado una pieza clave en la organización, ha declarado ante la justicia que Torres solicitó una comisión ilegal de 50.000 euros. Este testimonio, junto con los correos y mensajes interceptados, refuerza las sospechas sobre la implicación del exjefe del Ejecutivo canario en la red de adjudicaciones irregulares.