Kiko el Cabra, presunto asesino de Miguel Ángel González y David Pérez, agentes de la Guardia Civil, ya era conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Vinculado desde hace años a las redes de narcotráfico en el sur de la Península, poco ha poco ha ido ganando peso dentro de la delincuencia hasta conducir, la pasada madrugada del sábado, la narcolancha que embistió a los dos guardias civiles.
Cada porte, según explican fuentes policiales, puede reportar a los narcoterroristas unos 15.000 o 20.000 euros, y el Cabra consiguió amasar una fortuna para comprar bienes de alto valor. De hecho, tal y como publicaron algunos medios locales, el narcotraficante es poseedor de un vehículo todoterreno 4×4, y de dos inmuebles: uno en la Línea de la Concepción (Cádiz) y otro en El Zabal, barrio conocido por haberse convertido en la villa de los narcos.
Pese a la zona residencial de clase media, poblada de familias y trabajadores, es en este último enclave donde se sitúa la urbanización de los narcoterroristas, desde donde urden sus redes de delincuencia. Conocida ya en la zona como «Villa Narco», la urbanización tiene más de un centenar de chalets ilegales, construidos sobre suelo rústico con el dinero del tráfico de drogas.
El lujoso imperio inmobiliario levantado en El Zabal supone una esquirla en el control policial, dado que todas las casas de los narcotraficantes están blindadas por altos muros y cámaras de seguridad. Es un barrio inexpugnable donde cada movimiento queda registrado. Así lo confirman fuentes de la Policía Nacional, que explican que «Villa Narco» está repleta de chivatos que avisan a los cabecillas de los movimientos desconocidos.
Identificar a los narcoterroristas escondidos, por tanto, es todo un reto para la Policía. Las estrategias utilizadas en el padrón municipal y el registro de la propiedad no cuadran con los verdaderos inquilinos de estos lujosos inmuebles. Fuentes municipales confirman que muchos de los chalets están a nombre de personas de bajos recursos económicos, testaferros que figuran legalmente como propietarios a cambio de una compensación económica.
Pese a la redada que la Policía Nacional emprendió en 2019, que dejó 11 detenidos por delitos contra la ordenación del territorio, los agentes saben que «Villa Narco» esconde mucho más: estas construcciones, levantadas sobre «terreno no urbanizable», son el almacén de toneladas de droga. No en vano se ubican a pocos kilómetros de la Playa de la Atunara, donde frecuentemente desembarcan alijos de hachís.
