La provincia de Málaga acumula más de 400 vacantes sin cubrir en la Guardia Civil desde hace al menos cinco años, según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Las asociaciones profesionales advierten de que esta falta de efectivos, unida a la escasez de medios materiales, está dificultando la lucha contra el narcotráfico en la Costa del Sol, donde las organizaciones criminales operan cada vez con mayor capacidad y audacia.
El problema se refleja en escenas cada vez más habituales en la costa malagueña. Hace unas semanas, varias narcolanchas se refugiaron del temporal en el puerto de La Caleta de Vélez. Desde las embarcaciones, sus tripulantes saludaban con total desparpajo a los agentes de la Guardia Civil que los grababan desde tierra. Ninguno pudo ser detenido. «No entendemos que el Gobierno siga sin atender al avance del narcotráfico«, denunció entonces el coordinador en Andalucía de Jucil, Pablo Rosa.
Las asociaciones profesionales llevan años alertando de que la falta de agentes no es sólo un problema estadístico. La insuficiencia de plantilla limita la capacidad operativa frente a organizaciones criminales cada vez más estructuradas y mejor armadas, lo que alimenta una creciente sensación de impunidad en varios puntos del litoral malagueño.
Hace unos días, una delegación de VOX encabezada por la diputada Patricia Rueda se reunió con representantes de AUGC para conocer la situación. Tras el encuentro, la parlamentaria explicó que el sindicato trasladó que «el principal problema es la falta de guardias civiles en todos lados».
Rueda subrayó que la población de la provincia ha crecido de forma significativa en los últimos años mientras la plantilla del instituto armado no ha seguido el mismo ritmo. «Es imperativo que Málaga reciba más efectivos para hacer frente al aumento del narcotráfico y de la inseguridad en general«, afirmó.
Las asociaciones también alertan de carencias en los medios materiales disponibles. Según trasladó AUGC, las embarcaciones con las que cuenta la Guardia Civil para perseguir narcolanchas en la provincia están «totalmente obsoletas».
Actualmente Málaga sólo dispone de dos embarcaciones operativas cuando, según los propios agentes, debería contar al menos con cuatro. A ello se suma la ausencia de visores térmicos, una herramienta clave para localizar embarcaciones durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.
Esta situación complica la detección de las narcolanchas cuando operan de noche o cuando buscan refugio en puertos y calas durante temporales. «Así es muy complicado que nuestros agentes puedan actuar», lamentó Patricia Rueda.
Mientras las fuerzas de seguridad denuncian estas carencias, las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa. En las últimas semanas, la Policía Nacional desarticuló en Marbella un «narcozulo» donde se ocultaba una tonelada de cocaína. La droga estaba custodiada por individuos armados con fusiles AK-47 que llegaron a disparar contra los agentes durante la operación.
En los últimos seis meses se han requisado más de 50 armas largas en la Costa del Sol y se han registrado al menos tres incidentes graves con disparos. Fuentes policiales advierten de que parte de este armamento podría proceder de conflictos internacionales como el de Ucrania
La falta de efectivos también se deja sentir en municipios especialmente expuestos al narcotráfico. En Manilva, catalogado como Puesto Principal de la Guardia Civil, deberían prestar servicio entre 30 y 40 agentes. Sin embargo, actualmente apenas hay 26.
El portavoz de VOX en la localidad, Antonio Marín, calificó la situación de «dramática«. Según explicó, el puesto solo puede atender al público por las mañanas cuando un cuartel de esta categoría debería ofrecer servicio también por las tardes
A las carencias de personal y medios se suma un problema legal que, según VOX, dificulta la persecución de estas redes. Se trata del denominado «petaqueo«, el suministro de combustible a las narcolanchas desde las playas.
Actualmente esta actividad no está tipificada como delito en el Código Penal. Quienes transportan el combustible pueden llegar a cobrar unos 2.000 euros por porte sin afrontar consecuencias penales.
Mientras tanto, las asociaciones de guardias civiles insisten en que Málaga afronta el avance del narcotráfico con menos agentes y menos medios de los necesarios, una situación que, advierten, favorece la expansión de las redes criminales en la Costa del Sol.
