El grupo energético Forestalia cerró 2024 traspasando a un fondo internacional la titularidad del mayor proyecto eólico previsto en España, el denominado Clúster del Maestrazgo, después de que el Consejo de Ministros autorizara su desarrollo pese a contar con un informe ambiental desfavorable de la Comunidad Valenciana. La operación, que afectaba a instalaciones situadas entre Teruel y Castellón, terminó con la venta del proyecto por alrededor de 500 millones de euros a un fondo de inversión danés, según fuentes del sector.
La iniciativa, detalla The Objective, contemplaba la instalación de 122 aerogeneradores de gran tamaño en la comarca turolense del Maestrazgo y zonas próximas de la provincia de Castellón. El proyecto recibió luz verde en julio de 2024 por una vía excepcional aprobada por el Ejecutivo, en una decisión impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, actualmente bajo el foco de diversas investigaciones.
Según explican fuentes del sector energético, la clave del negocio no residía tanto en la construcción de los parques como en la obtención de las licencias administrativas necesarias para su desarrollo. El modelo consistía en lograr declaraciones de impacto ambiental favorables para proyectos de energía eólica y, una vez asegurados esos permisos, transferir los derechos a otras compañías interesadas en ejecutar las instalaciones.
Durante esos años, Forestalia logró posicionarse como uno de los actores con mayor capacidad para sacar adelante proyectos eólicos de gran tamaño, incluso en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental. En algunos casos, los planes afectaban a áreas incluidas en la Red Natura 2000 o a territorios donde habitan especies protegidas. En el sector se calcula que los beneficios potenciales derivados de estas operaciones alcanzaron cifras multimillonarias.
Las sospechas sobre este modelo empresarial se intensificaron esta semana tras la detención de Eugenio Domínguez, quien durante años ocupó el cargo de subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental en el Ministerio para la Transición Ecológica. Desde ese puesto se encargaba de tramitar los expedientes relacionados con los permisos ambientales. La investigación apunta a que habría recibido presuntamente acciones de empresas vinculadas a Forestalia y participaciones en sociedades que posteriormente eran revalorizadas mediante ampliaciones de capital.
Las pesquisas también han puesto el foco en una compleja red de sociedades, muchas de ellas sin empleados, creadas para gestionar proyectos eólicos concretos. En algunos casos, detrás de cada empresa se encontraba únicamente uno o dos aerogeneradores dentro de un parque mayor.
El caso alcanzó uno de sus momentos clave en 2024, el último año de Teresa Ribera como vicepresidenta responsable de la política ecológica del Ejecutivo. Ese ejercicio coincidió con un fuerte impulso a las inversiones vinculadas a la transición energética, impulsadas además por los fondos europeos posteriores a la pandemia.
Fue entonces cuando el Clúster del Maestrazgo, el mayor complejo eólico proyectado en España, encontró obstáculos tras el informe negativo emitido por la Comunidad Valenciana. Pese a ello, el Gobierno decidió autorizar la iniciativa al considerarla de especial relevancia estratégica.
En España, los proyectos energéticos que superan los 50 megavatios deben tramitarse directamente ante el ministerio. En este caso, el Ejecutivo optó por seguir adelante con el plan pese al criterio desfavorable de la administración autonómica, que había advertido del impacto ambiental de la instalación.
El proyecto incluía, además de los parques eólicos, la construcción de una línea de Muy Alta Tensión que debía conectar las instalaciones con la localidad castellonense de Morella, atravesando varios municipios de la provincia como Portell y Cinctorres.
Sin embargo, Forestalia apenas mantuvo el control del proyecto durante unos meses tras obtener la autorización. A finales de 2024, la compañía aragonesa fundada por la familia Samper transfirió la titularidad al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), un inversor especializado en infraestructuras energéticas.
Fuentes de la propia empresa cifran en unos 500 millones de euros el valor de la operación, que incluía la licencia para desarrollar cerca de 150 aerogeneradores de más de 200 metros de altura en la zona. Una operación que ahora está bajo la lupa de la Guardia Civil, que ha solicitado la paralización de cualquier avance en las obras ante las sospechas de que la concesión de los permisos pudo estar condicionada por presuntos sobornos.
