La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) concluye en un nuevo informe remitido al Juzgado de Montoro que el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, se produjo por «la existencia de una rotura de carril». El documento descarta además «anomalías en ninguno de los dos trenes implicados», lo que sitúa el foco en el estado de la infraestructura.
El siniestro tuvo lugar a las 19:43 horas, cuando el tren de Iryo circulaba a 207 kilómetros por hora. Según los investigadores, el primer eje del coche 6 descarriló justo en el punto donde se produjo la rotura del carril, lo que desencadenó una secuencia de movimientos que terminó en la colisión con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en los ocho vagones del tren permiten reconstruir los segundos previos al impacto. A las 19:43:37, el coche 6 comienza a desplazarse hacia la entrevía, mientras en los coches 7 y 8 se registran fuertes movimientos laterales y verticales. Un segundo después, el vagón 6 se desplaza hacia el exterior de la vía, acompañado de nuevas sacudidas en los vagones traseros.
En paralelo, los primeros coches del convoy reflejan una reacción distinta. En los vagones 1 y 3 se aprecia «inercia de freno», lo que obliga a los pasajeros de pie a sujetarse para evitar caídas. A las 19:43:41, el tren invade la vía 1 y el maquinista acciona el freno de emergencia, cuando la velocidad ya se había reducido a 180 kilómetros por hora.
En ese mismo instante, las grabaciones muestran las luces frontales del tren Alvia aproximándose. Apenas un segundo después, este segundo convoy reporta un fallo de alimentación y deja de registrar datos. Los investigadores sitúan en ese momento la colisión, con el tren Iryo circulando a 152 kilómetros por hora y el Alvia a 204.
El informe subraya que sus conclusiones son provisionales y advierte de que pueden producirse «nuevos hallazgos» que modifiquen las hipótesis actuales. Sin embargo, la ausencia de fallos técnicos en los trenes y la identificación de una rotura en la vía introducen presión sobre la gestión y el mantenimiento de la red ferroviaria, que queda ahora en el centro del foco judicial y político.
