Un vecino de Valencia que tuvo que esperar casi un año y medio para ser atendido por un urólogo ha recibido una indemnización de 3.000 euros tras acreditarse una demora considerada «injustificable» por el Consell Jurídic Consultiu. El retraso en su atención derivó en el diagnóstico de un cáncer de próstata en estado avanzado, que obligó a aplicar radioterapia y castración química para frenar la enfermedad.
El afectado acudió por primera vez a su médico de cabecera en enero de 2022 debido a dolores persistentes en la zona prostática. A pesar de ser derivado al especialista, no fue atendido hasta mayo de 2023, acumulando un total de 514 días de espera. Durante ese periodo, el paciente volvió en varias ocasiones a su centro de salud sin lograr una solución, hasta que finalmente decidió acudir personalmente al hospital para reclamar una cita.
Una vez iniciado el proceso, los retrasos continuaron. Tras la primera consulta, se le programaron pruebas diagnósticas, incluida una biopsia inicialmente prevista para julio de 2023, que fue pospuesta hasta octubre. Fue entonces cuando se confirmó un adenocarcinoma de próstata con un nivel de agresividad elevado, considerado de alto riesgo. El tratamiento se llevó a cabo en el Instituto Valenciano de Oncología, finalizando en enero de 2024.
El paciente denunció durante todo el proceso una cadena de fallos en la gestión sanitaria, señalando desorganización, falta de coordinación entre servicios y ausencia de control en los tiempos de espera. Asegura que esta situación le provocó un importante deterioro emocional, con episodios de ansiedad, insomnio y angustia, además del empeoramiento de sus síntomas físicos.
Pese a ello, los informes médicos incluidos en el expediente sostienen que la demora no influyó en el pronóstico final de la enfermedad. Tanto la Inspección de Servicios Sanitarios como la entidad pericial Promede concluyen que, desde un punto de vista clínico, no hubo pérdida de oportunidad terapéutica ni incumplimiento de los estándares médicos.
Sin embargo, el órgano consultivo valenciano sí reconoce la existencia de un perjuicio moral derivado del retraso, señalando que la Administración no puede justificar la demora alegando problemas en las comunicaciones con el paciente. Según el dictamen, existían medios alternativos para contactar con él y evitar una espera tan prolongada.
El afectado reclamaba inicialmente más de 36.000 euros de compensación, pero la resolución final fija la indemnización en 3.000 euros, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige una relación directa entre el daño sufrido y una infracción legal para aumentar la cuantía.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio en el que las listas de espera sanitarias continúan creciendo en España, generando preocupación entre pacientes y profesionales. La presión asistencial, unida a la falta de recursos humanos en algunos servicios, está provocando retrasos significativos en diagnósticos y tratamientos.
A esta situación se suma el debate sobre el impacto que pueden tener determinadas políticas públicas en el sistema sanitario. Algunos analistas advierten de que la regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes en situación ilegal podría incrementar aún más la demanda sobre unos servicios ya tensionados, agravando los problemas de acceso y los tiempos de espera.
