El Partido Popular, tal y como se puede comprobar en sus cuentas anuales auditadas y publicadas en su página oficial de transparencia, ha destinado casi 45,6 millones de euros sólo en la partida de «servicios exteriores» durante 2023 y 2024. Concretamente, en 2023 gastó 24.916.726,28 euros y en 2024 otros 20.697.626,14 euros en esta categoría, que engloba fundamentalmente consultorías, asesorías externas y servicios profesionales ajenos al personal propio del partido.
Este despilfarro se produce mientras el PP recibe decenas de millones en subvenciones públicas tanto para su funcionamiento ordinario como para actividades electorales. Sólo en «servicios exteriores» de la actividad ordinaria, el partido ha quemado en dos años una cantidad que supera con creces lo que muchos municipios medianos destinan a servicios esenciales para sus ciudadanos. A ello hay que sumar, en el caso de 2023 (año electoral), otros millones adicionales en «servicios de profesionales independientes» dentro de los gastos electorales, lo que eleva aún más la factura total de externalizaciones.
Frente a esta sangría de dinero público y privado, resulta llamativo que el PP critique con frecuencia el gasto de otras formaciones mientras mantiene un volumen de asesores y consultores externos que triplica o cuadruplica el de muchos partidos de menor tamaño. Estas cifras, extraídas directamente de las tablas de sus propias cuentas anuales, revelan una dependencia estructural de empresas y profesionales externos que, en la práctica, actúan como una estructura paralela al partido.
El volumen de estos gastos plantea serias dudas sobre la eficiencia en la gestión de los recursos del PP. ¿Realmente se necesitan decenas de millones en consultorías externas año tras año, o se trata de una forma encubierta de remunerar favores, colocar a afines o inflar estructuras sin asumirlos como personal propio con sus correspondientes costes sociales?
En un momento en el que se reclama austeridad y control del gasto público, estas cuentas del Partido Popular evidencian un modelo de gestión que prioriza la externalización masiva por encima de la contención. Casi 45 millones de euros en sólo dos años destinados a servicios de consultoría y asesoría exteriores no son un detalle menor: son un ejemplo claro de cómo se dilapidan recursos que podrían destinarse a políticas útiles para los españoles en lugar de engordar facturas de terceros.
