Un reciente estudio policial ha desvelado que, en la Comunidad de Madrid, 160 de los 250 detenidos al día en Madrid son extranjeros, lo que supone aproximadamente un 64% del total de arrestos diarios en la región. Este dato, difundido a partir de un informe recogido por el diario The Objective, ha reavivado el debate sobre la seguridad y la gestión migratoria en la capital.
A raíz de estas cifras, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado la puesta en marcha de varias iniciativas parlamentarias para analizar la situación. Entre ellas se incluyen solicitudes de información, preguntas al Ejecutivo autonómico y propuestas no legislativas con el objetivo de, según ha explicado, «conocer en profundidad qué está ocurriendo en materia de seguridad».
La diputada ha vinculado estos datos con lo que ha calificado como un «fin de semana negro» en la región, marcado por diversos episodios violentos en los que, según ha señalado, habrían participado bandas juveniles de origen latino. En este contexto, ha defendido que su formación no actúa por motivos ideológicos, sino que responde a una realidad que considera preocupante.
Pérez Moñino también ha criticado la ausencia de una estrategia clara por parte de las administraciones y ha puesto el foco en las competencias autonómicas relacionadas con los menores extranjeros no acompañados (menas). Además, ha asegurado que, en caso de que VOX llegue al Gobierno, impulsarán expulsiones de inmigrantes en situación ilegal, incluyendo a aquellos que cometan delitos.
Desde el Partido Popular, el portavoz Carlos Díaz-Pache ha afirmado que el Ejecutivo regional no tiene atribuciones directas en materia de seguridad ni de control de fronteras —cosa que sí han acordado otras regiones gobernadas por el PP con VOX—. Sin embargo, desde VOX se insiste en que las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso siguen una línea de «puertas abiertas», aludiendo a la financiación de la acogida de menores extranjeros y al acceso de inmigrantes en situación ilegal a servicios públicos como la sanidad.
Este cruce de acusaciones se produce en un contexto en el que ya se han intentado abordar fenómenos como el de las bandas juveniles en la Asamblea madrileña. De hecho, una comisión de estudio iniciada en 2022 sobre esta cuestión concluyó sin lograr un consenso político para aprobar un dictamen final, dejando sin cerrar un diagnóstico común sobre el problema.
