El Partido Popular autorizó una modificación presupuestaria en la Región de Murcia que supuso detraer cerca de 20 millones de euros de partidas destinadas a servicios sociales —como atención temprana, ayuda a domicilio o programas para mayores y dependientes— para redirigir esos fondos a actuaciones vinculadas a menores extranjeros no acompañados (menas), según se desprende de un documento oficial registrado en la Asamblea Regional.
El acuerdo, fechado en diciembre de 2024, recoge una transferencia de crédito desde el Instituto Murciano de Acción Social que afecta a múltiples programas. Entre ellos figuran servicios de atención temprana, convenios de ayuda a domicilio en distintos municipios o plazas concertadas para personas mayores. En conjunto, estas partidas suman 10 millones de euros que fueron reubicados dentro del presupuesto autonómico.
A esa cantidad se añade otra ampliación de crédito por valor de 10 millones de euros más, procedente también del ámbito de acción social. En este caso, los fondos se destinaron directamente a la prestación de servicios a menores, tal y como aparece reflejado en el propio documento, lo que eleva el total de recursos reasignados hasta los 20 millones de euros.
El texto especifica que el dinero fue canalizado hacia programas gestionados por la administración autonómica relacionados con menores tutelados y actuaciones de urgencia. En paralelo, las partidas de origen incluían servicios sensibles dirigidos a colectivos vulnerables, como personas dependientes o mayores que requieren asistencia domiciliaria.
La decisión, formalizada mediante acuerdo del Consejo de Gobierno y firmada por el secretario del Ejecutivo autonómico, ha generado controversia al evidenciar un trasvase de fondos desde áreas asistenciales tradicionales hacia otras políticas sociales, en un momento de creciente presión sobre los servicios destinados a la dependencia y la atención a mayores.
