«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
La Gaceta de la Iberosfera
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
MUCHO ANTES QUE IRENE MONTERO

El Partido Popular también aprobó sus «leyes trans»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, junto a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Europa Press

Hace escasos días se conoció la existencia de la primera joven trans arrepentida. Susana Rodríguez habló sobre un calvario cuyo diagnóstico fue la transexualidad. La joven gallega aseguraba ser un hombre cuando su género biológico era el de una mujer. Así comenzó su proceso de transición en el que pasó por terapias hormonales, una doble mastectomía y, finalmente, una histerectomía. Lejos de ver sus problemas solucionados, Susana contempló cómo su diagnóstico era incorrecto y las terapias y cirugías a las que se había sometido no tenían opción de retorno.

Es el primer caso mediático en España de lo que expertos y psiquiatras infantiles vienen advirtiendo desde la concepción de la conocida como ley trans. Una ley que ya ha sido aprobada en países como Reino Unido con consecuencias fatídicas. El caso más conocido en este país es el de Keira Bell, una joven que, como Susana, se autodiagnosticó como persona trans y tiempo después vio su cuerpo mutilado y sus problemas sin resolver. En este caso, Keira Bell acudió a la justicia que le acabó dando la razón ya que se consideró que la joven no tenía la madurez necesaria para someterse a procesos transicionales irreversibles.

A pesar de que la ley trans es una ley novedosa en el marco normativo estatal, lo cierto es que hace años que existen leyes trans o LGTBI autonómicas. En el caso de Susana, la norma que permitió que iniciara su transición siendo todavía menor de edad fue la ley trans de Galicia, aprobada en 2014 bajo el beneplácito del Gobierno de Alberto Núñez Feijoo.

Existen 15 comunidades autónomas con leyes autonómicas realizadas para las personas LGTBI: País Vasco, Galicia, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha. De ellas, Madrid, Murcia y Galicia aprobaron sus leyes trans o LGTBI cuando gobernaba el Partido Popular, aunque ahora Feijóo asegure estar «revisando las leyes de las comunidades autónomas».

Tanto la ley de Madrid como la aprobada en Murcia eximen al individuo de seguir un tratamiento psicológico o médico para reconocerse como hombre o mujer. Es decir, las leyes vigentes en dichas comunidades autónomas reconocen la autodeterminación de género como un derecho. Por lo tanto, el género queda reducido a una autopercepción y no a la condición genética. Hasta ahora, en estos territorios se podía ser hombre o mujer en la tarjeta sanitaria o cualquier documento expedido por las administraciones regionales mientras que en el DNI quedaba reflejado lo contrario. Con la aprobación de la nueva ley trans se homogeneizan criterios, ya que también reconoce y defiende la autodeterminación de género.

Este ha sido uno de los aspectos más criticados por el ala clásica del feminismo. Pues, si se defiende que el género no es más que la sensación que se tiene del mismo, la biología queda relegada a mera condición temporal reversible. Por lo tanto, ser mujer ya no es una imposición genética, sino una posibilidad. Así, hablar de derechos de las mujeres carecería de sentido pues el concepto de mujer ya no abarcaría a lo que tradicionalmente se ha reconocido como tal, sino al parecer que, en un momento, se puede tener sobre uno mismo.

Esta eliminación de la biología traspasa el ámbito reivindicativo y se sitúa en los postulados médicos. La nueva ley califica de «terapias de conversión» a todas aquellas terapias que no sean de «afirmación». Así, los profesionales psiquiátricos deben estar de acuerdo con el autodiagnóstico del paciente, en la mayoría de veces niños o adolescentes que consumen contenido en foros trans, pues de otro modo se pueden enfrentar a multas de hasta 150.000 euros. Todo aquello que no sea reafirmar la transición del joven queda al margen de la ley.

Tanto las leyes autonómicas como la ley estatal se basan en los Principios de Yogyakarta. Sin embargo, no acudieron representantes gubernamentales de ningún Estado a la cumbre de la que salieron los mencionados principios. De este modo, se está legislando con unos principios como base normativa que carecieron de debate y aceptación oficial.

Pese a que la mayoría de organismos médicos nacionales e internacionales alertan del peligro de la tendencia actual sobre legislación trans y la libre autodeterminación de género, el impulso de una corriente cada vez más poderosa parece ser mayor que el del sentido común. El Partido Popular, que criticó la ley impulsada por el ministerio de Irene Montero, se sumó a esta moda legislativa mucho antes que el Gobierno y, por ahora, no existen indicios sólidos de una remodelación normativa en la materia. Así pues, casos como el de Susana Rodríguez podrían volver a aparecer dentro de un tiempo amparados bajo leyes aprobadas por el Partido Popular que no obedecen al principio del bien común.

+ en
.
Fondo newsletter