El escándalo que rodea a Leire Díez, la «fontanera» del PSOE, no deja de crecer. Según ha revelado The Objective, el pendrive de 224 gigas que entregó esta exmilitante socialista al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, incluía 51 carpetas con información sensible sobre jueces, fiscales, periodistas y mandos de la Guardia Civil que han estado implicados en investigaciones que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre los archivos figuran datos sobre la Operación Cataluña, denuncias contra el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, audios para el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, y documentos contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente. También aparecen referencias al fiscal José Grinda, al caso ZED, al entorno de Carles Puigdemont, al BBVA, a Sandro Rosell, y a periodistas relacionados con las investigaciones del excomisario Villarejo.
Díez aseguró que el contenido del USB eran «años de trabajo periodístico«, aunque contradijo sus propias palabras en distintas entrevistas. Mientras en Cuatro hablaba de «datos sensibles«, en RNE rebajaba el tono y afirmaba que se trataba de información ya contenida en sumarios judiciales.
El PSOE custodió el pendrive durante dos días y lo entregó después a la Fiscalía General del Estado, asegurando que no lo había abierto. La Fiscalía, dirigida por García Ortiz, deberá decidir si lo remite a Anticorrupción, que dirige precisamente uno de los fiscales mencionados en los documentos.
Según los metadatos, muchos archivos habrían sido creados por «JP», siglas que podrían corresponder al empresario Javier Pérez Dolset, implicado en varias causas judiciales y vinculado a Díez en varias de las grabaciones que han trascendido. Su nombre aparece asociado al caso ZED y a una investigación del fiscal Grinda, uno de los principales objetivos de la supuesta operación para desacreditar a la UCO y condicionar procedimientos judiciales.
El contenido del pendrive incluye incluso una grabación de una comida con la jueza Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, el 7 de octubre de 2017. También se encuentran carpetas tituladas «cloacas del Estado», «Pegasus», «Aznalcóllar», y «AAA Denuncias Luzón», entre otras.
La trama de Díez ha salpicado ya a altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel Antonio Balas, responsable de las investigaciones que afectan al entorno más cercano de Pedro Sánchez, incluido el caso Koldo. En uno de los audios, Díez promete a un empresario imputado: «Los fiscales se mueven, no hay problema para resolver la cuestión«. También habría ofrecido un ascenso al comandante Rubén Villalba, investigado por el caso Koldo, a cambio de entregar pruebas contra la UCO.
«Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO«, habría dicho Díez en uno de los encuentros. La finalidad, según las grabaciones, era «invalidar las causas judiciales que cercan al Ejecutivo«. Todo, a cambio de favores judiciales y protección.
Mientras el PSOE se esfuerza por desvincularse públicamente de Díez, lo cierto es que durante años mantuvo contacto directo con ella, y fue en Ferraz donde entregó este material explosivo. Ahora, el foco está en la Fiscalía, que deberá decidir si lo investiga… o lo entierra.
