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El rastreo ha permitido detectar conexiones mercantiles con empresas próximas al PNV

El PNV, aterrado ante los avances contra la corrupción socialista: aparecerá vinculado a empresas pantalla de la trama Cerdán

Aitor Esteban y Santos Cerdán. Redes sociales

Las pesquisas sobre el patrimonio del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán darán lugar a uno de los informes más complejos elaborados hasta la fecha por la Unidad de Delitos Económicos de la UCO dentro del conocido como caso Ábalos. Los investigadores trabajan ya en un análisis exhaustivo de su entramado económico, centrado en una red empresarial de gran amplitud desde la que, presuntamente, se habrían canalizado comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas.

Las nuevas líneas de investigación han activado todas las alarmas en el entorno del nacionalismo vasco. Según ha adelantado The Objective, el rastreo de las sociedades vinculadas al empresario Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán, ha permitido detectar conexiones mercantiles con empresas próximas al PNV, tanto en Navarra como en otros territorios. Algunas de esas firmas comparten asesoría jurídica, domicilios sociales o han recibido contratos públicos concedidos por instituciones gobernadas por formaciones del entorno nacionalista.

El origen de este nuevo foco se sitúa en el último informe de la UCO incorporado a la causa, centrado en las relaciones entre Cerdán, la constructora Acciona y la empresa Servinabar. A partir de ese análisis, los investigadores han abierto una investigación paralela sobre una red más amplia de sociedades que podría ir más allá de aquella mercantil en la que Cerdán poseería el 45%, según una escritura privada localizada en el registro domiciliario del constructor.

Uno de los elementos que más inquietud ha generado en ambientes del PNV es la aparición de un correo electrónico fechado en 2017 entre Antxon Alonso y la entonces presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, de Geroa Bai. En ese mensaje, el empresario se dirigía a ella en tono de cercanía para interesarse por un informe ambiental relativo al proyecto de la mina Muga, una explotación de potasa en Aragón y Navarra que se perfilaba como una de las grandes operaciones de la trama.

En ese mismo intercambio, Alonso aludía también a «Manu», en referencia a Manu Ayerdi, vicepresidente del Ejecutivo navarro en ese momento y actual directivo vinculado al Grupo Mondragón. La investigación sitúa este proyecto como una posible fuente de comisiones millonarias a través de Acciona, una de las piezas clave del sumario.

Los agentes sospechan además que Servinabar no habría sido la única sociedad compartida entre Alonso y Cerdán. El foco está ahora en otras compañías vinculadas a sectores estratégicos como la energía, la construcción inmobiliaria o la gestión de fondos europeos. Entre ellas figura Next Generation Caliope Innova, una consultora de renovables que recientemente ha cambiado de manos de forma precipitada.

De hecho, según datos registrales, Joseba Antxon Alonso abandonó la administración de esa sociedad la semana pasada, justo el día en que Cerdán quedó en libertad, cediendo su control a un tercero. También se investigan movimientos similares en compañías como Alegure —beneficiada con un contrato público en Arbizu— o Grupo Mining Team, constituida pocos meses antes de obtener la adjudicación de la mina Muga.

Los investigadores observan con especial atención estos reajustes societarios, que consideran compatibles con una estrategia de blindaje patrimonial ante el avance del procedimiento judicial. No es un comportamiento aislado: otros implicados o salpicados por el caso han llevado a cabo en los últimos meses reestructuraciones empresariales, transmisiones de participaciones o ceses en cargos de administración.

Así ocurrió con el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, con varios de sus colaboradores, y también con el entorno empresarial de Juan Carlos Barrabés. A esta lista se ha sumado más recientemente Alejandro Hamlyn, quien también ha iniciado movimientos tras verse relacionado con otra derivada de la investigación.

La UCO pretende ahora cerrar el círculo societario de Alonso y su entorno económico para determinar si detrás de este entramado se esconde una red estable de canalización de comisiones, con ramificaciones políticas que podrían extenderse más allá del ámbito socialista y alcanzar al entorno del nacionalismo vasco.

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