El nuevo informe elaborado por la UCO vuelve a colocar en el centro de la investigación a Antxón Alonso, pero esta vez aportando documentación que, según los agentes, enlaza directamente su actividad con dirigentes del PNV y con diversos departamentos del Gobierno central. La unidad policial sostiene que la influencia del empresario vasco no se limitó al ámbito estatal, sino que también tejió relaciones en Navarra y se proyectó hasta el Ministerio de Teresa Ribera, encargado de los permisos medioambientales clave para la tramitación de la mina Muga.
Una de las piezas más relevantes para los investigadores es un correo electrónico fechado el 16 de abril de 2016. En él, Alonso solicitaba a la entonces presidenta navarra, Miren Uxue Barcos, que participara en una reunión con inversores de Highfield Resources, empresa matriz de Geoalcali —la adjudicataria del proyecto minero—. Geoalcali mantenía vínculos con Servinabar, la sociedad en la que Santos Cerdán, entonces muy cercano al PSOE y pieza clave en las gestiones internas del partido, poseía un 45%.
Ese no habría sido el único acercamiento. La UCO identifica otro e-mail, redactado en euskera y fechado el 16 de diciembre de 2017, que el propio Antxón se envió a sí mismo como borrador. El mensaje pretendía trasladar a Barcos su inquietud por los obstáculos ambientales que amenazaban la declaración de impacto ambiental favorable. La nota aludía a la gestión del residuo salino, un punto crítico para que el Ministerio de Medio Ambiente no bloqueara el proyecto.
Los agentes recuerdan que Barcos procedía de Nafarroa Bai, coalición vinculada al PNV en la Comunidad Foral, lo que, a juicio de la investigación, refuerza la idea de que Alonso actuaba como intermediario entre la empresa minera y cargos institucionales tanto autonómicos como estatales.
Pero el verdadero freno para los promotores del proyecto estaba en Madrid. La DIA favorable no llegaría hasta el 31 de mayo de 2019, momento en el que José Luis Ábalos ya formaba parte del Ejecutivo central y el Ministerio para la Transición Ecológica —dirigido por Teresa Ribera— era el encargado de validar el expediente. Según recoge el informe, la notificación interna se conoció el 3 de junio y la difusión pública se produjo el día 6, fecha en la que Alonso envió a su pareja una fotografía del documento ya oficializado.
Los investigadores subrayan que la mina Muga representó el punto de partida de la colaboración entre Acciona Construcción y Servinabar, y sitúan este proyecto en la denominada «etapa preministerial», una fase previa a los presuntos amaños posteriores dentro del Ministerio de Transportes. Esa etapa, explican, permitió que se consolidaran las conexiones entre Santos Cerdán y Koldo García, dos de los nombres centrales en el caso que investiga presuntas adjudicaciones irregulares en obra pública.
El informe concluye que el caso Muga es un elemento imprescindible para reconstruir la red de relaciones entre empresas, cargos institucionales y asesores políticos que, según la UCO, habría abierto la puerta a futuras adjudicaciones cuestionadas.
