El Consejo de Ministros aprobó este martes el reparto de 28.723.818 euros para programas de «Educación Inclusiva» gestionados por las comunidades autónomas con cargo al Fondo Social Europeo Plus, dentro de una nueva batería de gasto público que también incluye aportaciones a organismos internacionales, contratos administrativos y nuevas medidas sobre la sanidad privada.
El exdiputado Pablo Cambronero ha desgranado en The Objective parte de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo y ha denunciado el aumento de partidas destinadas a organismos internacionales, programas ideológicos y estructuras administrativas mientras continúan los problemas de financiación y saturación en servicios esenciales.
El acuerdo sobre «Educación Inclusiva» forma parte de la distribución territorial de créditos gestionados por las autonomías. El Gobierno no ha detallado cuáles serán los criterios concretos para repartir esos fondos ni los programas específicos que financiarán las comunidades con esa partida.
Junto a ello, el Ejecutivo ha aprobado contribuciones voluntarias por valor de casi 1,2 millones de euros para 14 entes internacionales. Entre los beneficiarios figura el Centro Bruegel, un think tank europeo alineado con las políticas climáticas y el incremento del endeudamiento comunitario, que recibirá 219.638 euros.
También destacan los 228.097 euros destinados a la «Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad» y los 275.000 euros aprobados para la Secretaría General Iberoamericana dentro del programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo.
El Consejo de Ministros autorizó además nuevos compromisos de gasto plurianuales en distintos ministerios. Entre ellos figuran contratos impulsados por el Ministerio de Hacienda para el arrendamiento de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres, así como encargos del Ministerio de Cultura a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y a Correos para gestionar las ayudas del Bono Cultural Joven. El Gobierno no precisó el coste total previsto para estos programas.
Otra de las partidas aprobadas corresponde a las obras de reforma del Parador de Carmona, en Sevilla. El proyecto tendrá un coste de 728.879,66 euros y se tramitará por el procedimiento de emergencia a través de Turespaña para reparar los daños ocasionados por las lluvias.
El Ejecutivo también dio luz verde a un proyecto legislativo que endurece las condiciones para recurrir a la sanidad privada. La iniciativa introduce una «evaluación previa obligatoria» y amplía las funciones de la Oficina Nacional de Evaluación para supervisar determinados procedimientos relacionados con la externalización sanitaria.
