La Comisión Europea ha puesto en el foco varios contratos del Ministerio del Interior vinculados a la implantación de tecnología de Huawei en el sistema SITEL, la plataforma con la que la Policía realiza interceptaciones legales de telecomunicaciones. Según ha desvelado The Objective, algunos de esos expedientes habrían sido cofinanciados con fondos europeos Next Generation, pese a que Bruselas impulsa actualmente el veto progresivo a proveedores chinos considerados de «alto riesgo» en sectores estratégicos.
El Gobierno de Pedro Sánchez destinó al menos 12 millones de euros a la adquisición de material informático de Huawei para redes críticas relacionadas con SITEL. La presencia de tecnología del gigante chino en un sistema especialmente sensible para la seguridad nacional ya había provocado inquietud dentro de cuerpos policiales y mandos de Interior, ante el temor de que la dependencia de un proveedor señalado por sus vínculos con el régimen chino comprometiera la seguridad de las comunicaciones interceptadas.
Ahora, la controversia escala a nivel europeo. Fuentes del Parlamento Europeo consultadas por The Objective aseguran que Bruselas ha localizado expedientes relacionados con el sistema de interceptación legal de telecomunicaciones de la Dirección General de la Policía que aparecen como «cofinanciados por la Unión Europea».
Uno de esos contratos, fechado en 2024, contemplaba la ampliación de la capacidad de almacenamiento de SITEL mediante la compra de componentes electrónicos para cabinas OceanStor 6800 V5 fabricadas por Huawei. Estos dispositivos ya habían generado suspicacias internas en la cúpula policial por la utilización de tecnología china en un sistema considerado crítico para la seguridad del Estado.
La trazabilidad exacta de los fondos resulta compleja debido al carácter reservado de parte de los contratos vinculados a las capacidades técnicas de Interior. Según las fuentes consultadas por el citado diario, muchos expedientes no detallan el origen concreto de los recursos empleados ni especifican el material adquirido.
El caso adquiere mayor relevancia por el endurecimiento de la postura comunitaria frente a Huawei. Estados Unidos mantiene desde la primera Administración de Donald Trump un veto total a la participación de la compañía china en infraestructuras estratégicas de telecomunicaciones. En paralelo, la Comisión Europea recomendó en 2020 excluir de las redes 5G a proveedores considerados de riesgo elevado, advertencia que afectaba directamente a Huawei.
Varios países europeos, entre ellos Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido, han impuesto restricciones explícitas a la tecnológica china. Bruselas dio un paso más el pasado enero, cuando presentó el borrador de la revisión de la Ley de Ciberseguridad de la UE. El texto contempla la retirada obligatoria de proveedores de alto riesgo de las redes 5G y de otros sectores considerados críticos para la seguridad europea.
Aunque el documento no menciona expresamente a Huawei, sí alude a injerencias de terceros países ajenos a la OTAN y establece un mecanismo para expulsar a suministradores chinos de infraestructuras estratégicas comunitarias. La normativa prevé un plazo de 36 meses para retirar los componentes de las compañías incluidas en la futura lista de empresas vetadas.
Las medidas no afectarán únicamente a las telecomunicaciones. La Comisión Europea también ha identificado como sectores críticos los vehículos conectados, los sistemas eléctricos, el suministro de agua, los drones, los servicios en la nube, los dispositivos médicos, los sistemas de vigilancia, los servicios espaciales y los semiconductores.
