El PNV quiere aprovechar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que se aprueba este jueves en el Congreso con el objetivo de sustituir el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad», para tratar de introducir cambios «profundos» en la Carta Magna y que, entre otras cosas, se incluya el derecho a la autodeterminación de «las naciones» y se suprima el artículo 155 que permite intervenir gobiernos autonómicos.
Fuentes nacionalistas han confirmado la presentación de un total de once enmiendas a la proposición de ley presentada por el PP y el PSOE, dos de ellas para «reconocer y garantizar el derecho a decidir» de la ciudadanía vasca, condicionando su ejercicio a un pacto con el Estado.
«La plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado», dice la nueva Disposición Adicional propuesta.
Además, el PNV propone tocar el artículo 56.3 para limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones institucionales, esto es, a aquellos actos que realice en representación de la Corona, pero dejando fuera sus actividades privadas. Eso sí, este cambio exigiría un procedimiento reforzado de reforma y, por tanto, celebración de referéndum y disolución de las Cortes.
Asimismo, apuestan por suprimir el artículo 155 argumentando que «para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución» y también piden modificar el 8, para despojar a las Fuerzas Armadas de su función de «garantizar el ordenamiento constitucional» y la «integridad territorial» ya que, aducen «en una democracia» esa es tarea de los tribunales de justicia.
Además, con el objetivo de mejorar la garantía institucional de los Derechos Históricos, presentan dos enmiendas por las que se crean sendas disposiciones adicionales Nuevas que contemplan, por un lado, una «cláusula de salvaguarda de las materias propias forales» y, por otro, la creación de una «Sala Foral del Tribunal Constitucional», que se encargaría de dirimir los conflictos que emanen de las leyes del Parlamento Vasco y de las Normas Forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos
También sugieren la constitución de una Junta Arbitral entre la comunidad vasca y el Estado para la totalidad de los conflictos de competencia existentes. Con objeto de «mejorar el reparto competencial» vigente reclaman modificar el artículo 149, referido a la Organización Territorial del Estado y, además, plantean tocar el artículo 117 para «adecuar el poder judicial a la estructura descentralizada».
Otra de sus enmiendas persigue acabar con lo que consideran una «disfuncionalidad para un desarrollo adecuado del modelo territorial basado en el reconocimiento de una verdadera autonomía de las diversas comunidades políticas existentes en el Estado». Para ello, quieren eliminar la suspensión automática de las leyes autonómicas cuando estas sean impugnadas por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional como contempla el artículo 161.
