Una decena de regiones han certificado al Gobierno el número de menas que tienen en sus territorios. Algunas de ellas han incorporado la cifra de acogidos el año pasado. Comunidades gobernadas por el PP como Castilla y León, Andalucía y Murcia sumaron más de 3.600 menas en 2024.
La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha indicado que «ahora mismo» hay 178 menas en su región y que en total atendieron el año pasado a 275 «de forma escalonada».
La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía ha manifestado que el año pasado atendieron a un total de 2.615 menas. El Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno Bonilla ha especificado que la comunidad cuenta para «todo el sistema de protección de menores» con 6.092 plazas («extranjeros o no»).
El Ejecutivo de la Región de Murcia ha señalado que atendió en 2024 a 741 menores extranjeros no acompañados y que en la actualidad tiene 619 plazas ocupadas (tanto extranjeros como no extranjeros).
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, aseguró este lunes que las comunidades gobernadas por los populares «cumplirán la ley» y acatarán el reparto de menas. «Que nadie tenga ninguna duda, las comunidades del PP cumplirán la ley, podrán recurrirla, pero cumplirán la ley. No habrá comunidades gobernadas por el Partido Popular insumisas frente a la ley», manifestó. El PP acepta así la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.
VOX pide al Gobierno la deportación de los menas
El grupo parlamentario VOX registró la pasada semana en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que denuncia el incumplimiento del acuerdo entre España y Marruecos para la repatriación de los menas.
La iniciativa insta al Gobierno a cumplir el acuerdo entre España y Marruecos (suscrito en 2007 y ratificado en 2013), y facilitar el retorno de todos los menores a su país de origen. «La tutela indefinida de estos menores por parte de las autoridades españolas y su ingreso en centros de acogimiento residencial de menores no se ajusta a lo previsto en el acuerdo», recoge el texto.
