Todos los grupos políticos del Senado han acordado este miércoles introducir en la futura ley del aborto que se está tramitando en la Cámara Alta una enmienda que prohíba «alterar» la voluntad de una mujer que solicite acabar con la vida de su hijo no nacido.
La modificación de la ley impulsada por Irene Montero se ha introducido por unanimidad ―apoyada por el PP de Feijoo― en el dictamen de la norma que será sometida a votación en el Pleno del Senado antes del 9 de febrero, paso previo a la votación definitiva en el Congreso de los Diputados.
Este miércoles, en la Comisión de Igualdad los grupos han aprobado ―VOX no ha podido participar en la deliberación ya que no cuenta con representación en la citada comisión― una modificación de la ley del aborto impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El cambio en la norma ha sido fruto de una enmienda presentada por Pablo Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal ―Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera―, que es senador del partido de Errejón, cargo que compagina con un escaño en la Asamblea de Madrid.
La modificación aprobada para el Proyecto de Ley Orgánica impulsada por el Gobierno, que pretende superar la ‘Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo’ ―es decir, la ley del aborto aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero―, ha tenido como base la enmienda de Perpinyà, que propuso añadir un segundo apartado al artículo 24 de la ley, que está dedicado a la «responsabilidad institucional».
El nuevo apartado, que ha recibido el visto bueno, como hemos dicho, del Partido Popular, pretende evitar cualquier medida que busque «alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar» la voluntad de la madre este determinada a acabar con la vida de su hijo.
«Las Administraciones Públicas competentes garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta Ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente», se lee en la modificación apoyada por el Partido Popular.
«Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica», finaliza el texto del nuevo apartado de la ley del aborto de Irene Montero.
Este nuevo apartado cobra especial relevancia debido a la polémica que generó el protocolo provida acordado por el PP y VOX en Castilla y León, cuyo anuncio provocó un requerimiento del Gobierno de España y aspavientos por parte de todos los sectores de la política española, incluida Génova 13. Esta modificación de la ley del aborto que quiere aprobar el Ejecutivo de Sánchez, aprobado por el PP de Feijoo, busca impedir protocolos como el que el propio PP acordó con sus socios en la Junta de Castilla y León.
El PP, a pesar de haber votado a favor de esta modificación de la ley de Montero, en el conjunto de la norma ha votado en contra, debido a que la nueva norma no requiere la autorización paterna para las mujeres de 16 y 17 años que deseen abortar, establece una lista de objetores de conciencia y retira el periodo de reflexión.
Feijoo, a favor de una ley de plazos
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, concedió una entrevista el pasado fin de semana en la que habló, entre otras cosas, sobre el aborto, una cuestión en la que, según argumentó, «confluyen cuestiones morales, éticas, religiosas y políticas». «Seguro que cada persona tiene una sensibilidad distinta y nosotros aspiramos a tener 10 millones de personas que nos apoyen. Mi posición personal es la de Alberto Núñez Feijóo. Y punto», comentó Feijoo.
El líder popular dijo que no está de acuerdo con que una menor pueda abortar sin que sus padres lo «conozcan y lo consientan» y, «si hay una discrepancia entre una menor y sus padres», existe «un procedimiento sumarísimo que es un juzgado de familia que escucha y que después decide». Feijoo afirmó que su partido respalda la objeción de conciencia de los médicos y cree que debe haber «un periodo de reflexión mínimo entre la decisión de abortar y practicar la interrupción voluntaria del embarazo».
El presidente del PP señaló que no puede estar «en desacuerdo con una ley de plazos» en lo referente al aborto. «¿Por qué? Primero, en casi todos los países de la Unión Europea la hay», subrayó. El líder popular sostuvo también que es un «escenario» que tiene que estar regulado. «Y sobre todo, mantengo que ante un problema o una duda sobre proseguir o no con el embarazo, los poderes públicos debemos ayudar y garantizarle a esa mujer que, si toma la decisión de abortar, no sea por motivos económicos», indicó.
