El PP se ha abstenido en la votación de la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE para abrir la puerta a la disolución de entidades que no compren la Ley de Memoria Democrática impuesta por el Gobierno. La modificación legal ha sido aprobada este martes en la Comisión Constitucional del Congreso gracias al respaldo del bloque de investidura: Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV y el propio grupo socialista. VOX, por su parte, se ha opuesto con rotundidad.
El texto, que comenzó su tramitación en octubre del año pasado, tiene previsto llegar al Pleno del Congreso en la segunda semana de abril. Como se trata de una ley orgánica, su aprobación requerirá el voto favorable de al menos 176 diputados antes de pasar al Senado. Esto obliga al PSOE a mantener cohesionada su mayoría parlamentaria si quiere sacar adelante la medida.
El objetivo principal de la reforma es adaptar la actual legislación sobre asociaciones a lo que establece la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. En concreto, se introducirá una disposición que contempla como causa de disolución de una asociación la realización de actos de «apología del franquismo» o el «ensalzamiento del golpe militar de 1936 o del régimen dictatorial posterior», es decir, que al reivindicar alguna medida tomada durante el pasado régimen se podría incurrir en un delito.
A diferencia del caso de las fundaciones —como la Fundación Francisco Franco— que dependen del Ministerio de Cultura y están siendo examinadas por esa vía desde junio pasado, la reforma se centra exclusivamente en las asociaciones. El PSOE ha querido cubrir cualquier vacío legal ante la posibilidad de que ciertas entidades intenten reconvertirse en asociaciones para esquivar su disolución.
Durante el debate en comisión, uno de los aspectos más controvertidos fue la inclusión de una enmienda transaccional que introduce la posibilidad de disolución no solo por vía civil, sino también penal. En virtud de esta modificación, el Ministerio Fiscal podrá promover la disolución por la vía judicial cuando se incurra en delitos que ellos consideren que atentan contra los derechos fundamentales, especialmente bajo la figura de asociación ilícita, en casos de incitación al odio o a la violencia.
