El Gobierno de Pedro Sánchez ultima un decreto para crear una llamada «comisión de la verdad» con el objetivo de imponer un relato oficial sobre la Guerra Civil, el franquismo, la Transición y los primeros años de democracia. Una exigencia directa de Bildu, impuesta a cambio de su apoyo a la polémica Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.
Los de Arnaldo Otegi no sólo arrancaron a Sánchez la creación de este órgano, sino también la ampliación del marco temporal de la ley hasta el 31 de diciembre de 1983, con el claro objetivo de atacar al Estado incluso después de la muerte de Franco. Según Bildu, la «represión» continuó durante los años de la transición, y por tanto exigen que se «repare» a quienes, según su retorcido relato, luchaban por la democracia… mientras algunos de ellos colocaban bombas.
El Ejecutivo asegura que esta comisión trabajará con «objetividad e imparcialidad», y que servirá para «favorecer la convivencia democrática». Pero lo cierto es que nace bajo el sello de Otegi y con una orientación puramente ideológica. El objetivo es evidente: consolidar un relato sectario que convierta a los criminales en víctimas y reescriba la historia reciente de España a golpe de decreto.
La comisión estará formada por diez personas, supuestamente «independientes» y de «reconocido prestigio», designadas por el Consejo de la Memoria Democrática, un nuevo órgano creado por el propio Gobierno. Este consejo estará presidido por el ministro Ángel Víctor Torres e incluirá representantes de nueve ministerios, sindicatos como UGT y CCOO, y entidades vinculadas al movimiento memorialista, muchas de ellas abiertamente ideologizadas.
Aunque el Gobierno trata de dar apariencia técnica al proceso, la naturaleza política del mismo es indiscutible. No sólo porque responde a un compromiso explícito con Bildu, sino porque se dotará de funciones que van mucho más allá del análisis histórico: recogerá testimonios, recopilará documentación y redactará un informe con recomendaciones «para reparar a las víctimas» y «evitar que los hechos se repitan».
En otras palabras: se pretende institucionalizar un relato único, al margen de los consensos de la transición, que sirva de base para nuevas políticas de reparación y, eventualmente, de señalamiento y revancha.
El decreto, que no necesita pasar por el Congreso, también prevé la creación del Registro Estatal de Entidades de Memoria Democrática. Un instrumento que servirá, entre otras cosas, para condicionar la concesión de subvenciones. A partir de su entrada en vigor, sólo podrán recibir dinero público las organizaciones incluidas en este registro o en su equivalente autonómico.
