El Partido Popular llevará al Pleno del Congreso una iniciativa para aplicar un «mecanismo rural de garantía». Quieren evaluar el impacto de las leyes medioambientales en el medio rural antes de su aprobación. Sin embargo, muchas de estas leyes provienen del Pacto Verde, aprobado con el voto de los populares en Bruselas.
Tras la aprobación del Pacto Verde, se impusieron más normas, impuestos y restricciones al campo español. Esto permitió la entrada masiva de producción extranjera que no compite de forma justa. Ahora, el PP quiere disponer de recursos financieros suficientes para desarrollar infraestructuras agrarias y alimentarias, utilizando fondos europeos.
Contradictoriamente, la iniciativa también plantea promocionar la agricultura como un «aliado» en la lucha contra el cambio climático. Afirman que el Gobierno de Pedro Sánchez ve al sector como un «enemigo». En Bruselas, ambos partidos, PP y PSOE, han respaldado el Reglamento UTCUTs, que impone la «neutralidad climática» en los sectores de uso de tierra y tiene graves implicaciones para el sector primario.
Además, la iniciativa del PP incluye un punto para dotar al sector agroalimentario de «nuevos y más eficaces instrumentos». Quieren reforzar su carácter estratégico esencial y asegurar el futuro de la producción agraria y de la industria alimentaria. Esto busca garantizar la seguridad alimentaria, el suministro a los mercados y el acceso de la población a una alimentación «suficiente, garantizada y de calidad». No obstante, una vez más, todo esto viene del Pacto aprobado por el PP que tiene consecuencias nefastas, imponiendo costes inasumibles a los agricultores.
