El PP se ha sumado al PSOE en las Cortes de Castilla y León, y ha rechazado tramitar la ley de concordia que pactó con VOX y que reconocía la persecución religiosa antes y durante la Guerra Civil.
Ni el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ni su vicepresidenta, ni su portavoz han estado presentes durante el debate.
La ley de concordia derogaba el decreto de memoria histórica y buscaba defender, proteger y honrar la dignidad de todas las víctimas desde el año 1931 hasta 1978, «un periodo que ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales que han marcado el devenir y la identidad de España, reconociendo así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales«.
El portavoz de VOX, Juan García-Gallardo, ha tildado la decisión de «incomprensible» y ha recordado al PP que gobierna en minoría.
Ya denunció que Mañueco faltaba «de una manera muy grave a su palabra» y recordó que la de concordia no era «una ley cualquiera», sino «uno de los puntos nucleares del acuerdo de Gobierno entre ambos partidos». «Dio lugar a innumerables reuniones entre el Partido Popular y VOX (…), meditada, una ley negociada coma a coma, palabra a palabra», manifestó Gallardo.
