El Partido Popular en Ceuta ha votado en la Asamblea a favor de mantener la obligatoriedad de la baliza V16 para los conductores, alineándose de facto con la política de seguridad vial del Gobierno de Pedro Sánchez y rechazando una iniciativa de VOX que pedía suspender su imposición inmediata. La decisión ha provocado un duro reproche del grupo soberanista, que acusa a los populares de incurrir en una «nueva incoherencia» y de anteponer su veto a VOX a cualquier criterio político propio.
La propuesta presentada por VOX Ceuta instaba al Gobierno de la Nación a suspender la obligatoriedad de la baliza V16, un dispositivo luminoso conectado que sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y cuyo uso será obligatorio en toda España a partir de 2026 por decisión de la Dirección General de Tráfico.
Durante el debate parlamentario, desde VOX se defendió que la Asamblea sí está legitimada para instar al Ejecutivo central cuando una medida perjudica directamente a los ciudadanos ceutíes. «Aquí estamos instando continuamente al Gobierno de la Nación en muchos aspectos; lo que ocurre es que ahora, como es VOX quien lo propone, su fanatismo les impide apoyarlo», reprochó el portavoz del grupo.
VOX recordó además que el propio Partido Popular, tanto a nivel nacional como en distintos territorios, ha criticado públicamente la baliza V16 por su impacto económico. Medios como ABC o La Razón recogieron recientemente el rechazo del PP al coste del dispositivo, al que calificaron como un «sablazo fiscal» para los conductores, ya que el modelo homologado —con geolocalización y conexión obligatoria a la plataforma de la DGT— tiene un precio muy superior al de los antiguos triángulos.
Sin embargo, en Ceuta, el PP optó por votar en sentido contrario a ese discurso y cerrar filas con el Ejecutivo de Sánchez. «El PP de Ceuta hace lo contrario y vota a favor del Gobierno. Esta es la incoherencia del Partido Popular en general y del Partido Popular de Ceuta en particular», denunció VOX desde la tribuna.
La baliza V16, que debe estar conectada obligatoriamente a la red DGT 3.0, ha sido cuestionada no sólo por su coste —que puede superar los 50 euros frente a los pocos euros de los triángulos— sino también por la imposición de un único modelo tecnológico autorizado, lo que ha generado críticas por favorecer a determinados proveedores y por obligar a millones de conductores a renovar un elemento de seguridad que hasta ahora era válido.
